martes, 26 de octubre de 2010

Por una campaña nacional contra el trabajo precario

Escrito por Alfredo Fernández
concejal de Lomás de Zamora por el FPV

“Los trabajadores ferroviarios no cortamos las vías”. Esa fue la consigna que eligieron desde el oficialismo de la Unión Ferroviaria para llevar adelante una campaña hacia los usuarios cuando los trabajadores tercerizados en conflicto, respaldados por el Partido Obrero, cortaron las vías del Ferrocarril Roca como método de protesta gremial.

Además de colocar pasacalles con la consigna,  repartieron volantes que  firmaban como “los verdaderos trabajadores ferroviarios”, negando el carácter de tales a los tercerizados.

 La consigna y los argumentos fueron asumidos como razonables por muchísimos usuarios que consideraron que el corte fue un método de protesta excesivo. Sin embargo, a poco de analizarla, advertimos que tiene un profundo contenido discriminatorio. Al negarles a los tercerizados la condición de trabajadores ferroviarios, reafirma no sólo que en nuestro universo laboral existen trabajadores de primera y de segunda, sino además que esos trabajadores de segunda no cuentan con la protección o no están en la agenda central de las organizaciones que representan a los trabajadores de primera.

El modelo iniciado con el Proceso y profundizado en los noventa hizo de la precarización laboral y la desocupación uno de sus ejes centrales. Los gremios perdieron poder y la cantidad de trabajadores sindicalizados se redujo drásticamente, al tiempo que en las más diversas actividades florecieron  formas de contratación y tercerización que expresaban la creciente precarización del empleo.

A la defensiva y reducidos a su mínima expresión, la tendencia predominante de los gremios fue limitar el plano reivindicativo a los trabajadores sindicalizados, omitiendo las reivindicaciones de los precarizados o asumiéndolas sólo de manera tangencial. En términos culturales, el comportamiento de esas representaciones gremiales no difirió mayormente del verificado en la sociedad, donde la precarización laboral fue asumida  como una realidad inmodificable.

Se ha naturalizado que existan personas que, por ser contratados, no gozan de un conjunto de derechos, viven con la espada de Damocles del despido sobre sus espaldas y, por ende, están condenados a trabajar más para recibir una retribución menor. Un ferroviario tercerizado relataba que por $ 2.500 al mes trabaja muchas más horas y debe reponer mucho más durmientes que un ferroviario no tercerizado que gana $ 6.000  o 7.000. Esa situación, con mayor o menor diferencia de trabajo y de remuneración, se verifica en las más diversas actividades, sin que hubiera aparecido, hasta la muerte de Mariano Ferreyra, en la agenda inmediata de cuestiones a revertir para profundizar un modelo inclusivo y redistributivo de la riqueza.

Luego de la muerte de Mariano, Hugo Moyano señaló que “hay que combatir las causas que generaron el conflicto”, que las empresas tercerizan “para explotar al trabajador” y que “los sindicatos tendrían que cambiar”, asumiendo así el rol pasivo que han tenido los gremios frente a esas modalidades de degradación de los derechos laborales.

La no asunción por parte de las conducciones sindicales de las reivindicaciones de esos trabajadores está en la raíz del surgimiento de luchas que se dan por fuera de esas organizaciones. A nadie debería sorprender que fuerzas como el Partido Obrero encuentren terreno fértil, cuando esos trabadores son dejados huérfanos de representación por quienes deberían defenderlos. En un contexto de recuperación del movimiento obrero y de crecimiento constante de la cantidad de trabajadores sindicalizados, la muerte de Mariano deja de manifiesto que en muchas de las conducciones gremiales subsisten los mecanismos, las prácticas y las actitudes instaladas durante el neoliberalismo y que ha existido una notoria falta de reflejos para incorporar a esos trabajadores a su agenda de reivindicaciones.

 Es imprescindible una campaña nacional de movilización contra el trabajo en negro y la precarización, que debería tener un primer objetivo inmediato: reclamar ante el Congreso de la Nación que se sancionen proyectos de ley como el que presentaron los diputados Recalde y Piumato para que las empresas principales no eviten sus responsabilidades vía tercerización.

Los que cortaban la vía también son ferroviarios. Los cientos de miles de contratados, tercerizados o precarizados, también son trabajadores. Tuvo que morir Mariano Ferreyra para que empecemos a comprender que no podemos aceptar sin cuestionarnos que a algunos les toque en suerte ser trabajadores de primera y a otros, de segunda.

viernes, 8 de octubre de 2010

Apuntes sobre el Discurso del “Problema de la Seguridad”

Escrito por Jorge Cabral

Es importante diferenciar delito de lo que llamamos el Discurso del “Problema de la Seguridad”.

Delito es definido como una conducta, acción u omisión típica (tipificada por la ley), antijurídica (contraria a Derecho), culpable y punible. Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley.

En sentido legal, los códigos penales y la doctrina definen al "delito" como toda aquella conducta (acción u omisión) contraria al ordenamiento jurídico del país donde se produce.

Alguna vez se intentó establecer a través del concepto de Derecho natural, el delito natural. Hoy esa acepción se ha dejado de lado, y se acepta más una reducción a ciertos tipos de comportamiento que una sociedad, en un determinado momento, decide punir. Así se pretende liberar de diferencias culturales que dificultan una definición universal.

La gran diferencia comienza cuando se introduce el término seguridad en el debate social. El término seguridad proviene de la palabra securitas del latín. Cotidianamente se puede referir a la seguridad como la ausencia de riesgo o también a la confianza en algo o alguien.

La seguridad es un estado de ánimo, una sensación, una cualidad intangible. Se puede entender como un objetivo y un fin que el hombre anhela constantemente. Esta referido a una necesidad primaria no subsumible a la ausencia de delito.

El concepto de la seguridad ciudadana domina el debate sobre la lucha contra violencia y delincuencia en América Latina. El término pone énfasis en la protección de los ciudadanos y presenta cierta relación con el concepto de la seguridad nacional que dominaba el discurso público en décadas pasadas y que se enfocaba en la protección y la defensa del Estado.

Existen múltiples conceptos y nociones del término "seguridad ciudadana" y su contenido concreto puede variar considerablemente dependiendo del actor o autor quien lo utilice.

La mayoría de los autores concuerdan que el término referencia dos niveles de la realidad:

1.Se refiere a una condición o un estado de un conjunto de seres humanos: a la ausencia de amenazas que ponen en peligro la seguridad de un conjunto de individuos. En ese sentido, el término tiene un significado normativo. Describe una situación ideal inexistente en cualquier lugar del mundo pero que funciona “como un objetivo a perseguir” (González 2003: 17). El PNUD (2006: 35), por ejemplo, define la seguridad ciudadana como “la condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otros.”

2.Se refiere a políticas públicas encaminadas a acercar la situación real a la situación ideal, es decir, se refiere a políticas que apuntan hacia la eliminación de las amenazas de seguridad o hacia la protección de la población ante esas amenazas. En ese sentido, el término se refiere a prácticas sociales empíricamente existentes.

El cambio terminológico (de "seguridad nacional" a "seguridad ciudadana") sugiere que los Estados ahora protegieran la integridad física, el patrimonio entre otros derechos individuales de todos los ciudadanos. Pero, desde un punto de vista empírico, las políticas gubernamentales de seguridad ciudadana en la mayoría de los países simplemente consisten en políticas más represivas - en vez de más enfocadas en los ciudadanos.

Tienden a crear una diferencia entre los ciudadanos – que merecen protección – y grupos sociales de los cuales esos ciudadanos tienen que ser protegidos. Dependiendo de cada país, los grupos definidos como peligrosos para los ciudadanos pueden ser, por ejemplo, jóvenes de barrios populares, drogadictos, grupos étnicos o inmigrantes (como vemos actualmente en EEUU, Francia, etc.).

Las personas pertenecientes a esos grupos se convierten, por lo tanto, en una especie de no-ciudadanos, porque implícitamente las políticas de seguridad ciudadana las excluyen. A esas personas el Estado no les brinde protección. Es mas, las convierten en un de enemigo interno, en el objeto de la represión.

En este sentido el Discurso del “Problema de la Seguridad” se basa en un constructo social de lo que serian las secuelas de la Doctrina de Seguridad Nacional.
La relación entre el Discurso del “Problema de la Seguridad” y el delito guarda ciertas similitudes con el que existía entre la relación de la Doctrina de la Seguridad Nacional y el llamado Problema de la Subversión:

Plantear el problema en términos militares, de guerra
La definición de un enemigo interno
Fundamentalmente producir un estado de terror en la población.

En el contexto de las políticas de seguridad ciudadana muchas veces se irrespetan los derechos humanos o civiles de los que, al parecer, el Estado no los considera ciudadanos; y eso se justifica con la supuesta protección de los ciudadanos y el pueblo.

El término Discurso se refiere a una “práctica de afirmaciones reguladas“(Foucault 1997) y se entiende como condición y consecuencia de prácticas colectivas.

Los discursos construyen, transforman, estructuran y, mediante la repetición y la aceptación, consolidan prácticas colectivas.

La repetición, en la conformación de un discurso, es muy importante dado que el objetivo es producir un aprendizaje en el destinatario. Es en la repetición que un acontecimiento adquiere carácter discursivo.

Un discurso es un acto lingüístico que refleja una determinada relación social de poder y que, por medio de su poder de definición o efecto de sentido, produce realidad y la estructura. Cuando se trata de un discurso dominante o hegemónico tiene un efecto normativo.

El discurso, o mejor dicho, los discursos de violencia y delincuencia constituyen el trasfondo de la violencia percibida en la población. El discurso crea el modo en que la población percibe la violencia. La existencia y el aumento de esta violencia se postulan públicamente, los medios de comunicación la dramatizan y los órganos del estado la combaten.

El potencial amenazante que se adjudica a la violencia y delincuencia es un constructo social. Las reacciones de las sociedades al delito – sea el endurecimiento del derecho penal y de la persecución del delito, sea la desintegración social en las ciudades provocada por un urbanismo segregativo y por el uso extensivo de tecnologías de protección – son consecuencia de este constructo social y no del delito que se mide estadísticamente.

Hay que diferenciar en este contexto entre el individuo y la sociedad. La víctima de un acto de violencia, de hecho, reacciona a este acto y no a un discurso o a un constructo social. Pero como procesos sociales las reacciones son parte y consecuencia de la organización social y de interpretaciones colectivas.

Es también, un constructo social elevar a una categoría publica el dolor individual por la pérdida de un ser querido. Exponerlo en su crudeza, desesperanza y dolor es perseguir un determinado efecto en la población. ¿Cuál es ese efecto buscado? El de la venganza, el abatimiento y el terror. Buscar dejar a un sector de al población en un estado de indefención fácilmente influenciable a reacciones impulsivas de carácter represivo.

Y esto es así porque el dolor individual, desde un punto de vista psicológico, no es solucionable en plano público. El dolor individual por la pérdida sólo puede hacer su camino en el llamado proceso de duelo, que es individual. Por lo tanto la exposición del dolor individual por los medios de comunicación es una manipulación del dolor con otros fines.


Volviendo al discurso, el objetivo es la descripción de la configuración compleja de condiciones que determinan el funcionamiento de un sistema de relaciones sociales en una situación dada. La caracterización de esas condiciones, no como condiciones “objetivas”, simplemente, sino como condiciones de producción del sentido.
Es lo que abre el camino a la aprehensión del orden simbólico como matriz fundamental del comportamiento social.

En esta perspectiva, la “seguridad” es un elemento que, en determinadas circunstancias, resulta de los mecanismos significantes que determinan la naturaleza del conflicto y las posiciones ocupadas por los protagonistas.
La operación discursiva es clara. El significante “seguridad” funciona por oposición la “crispación”, la “confrontación” del actual gobierno. Y en un sentido amplio e histórico “seguridad” como oposición a la “violencia” de los setenta a la que los medios se esfuerzan por identificar al actual gobierno.

El discurso del “Problema de la Seguridad” es el conjunto de significantes, signos e imágenes que dan cuenta de un aspecto de la realidad social.
Tiene como objetivo principal el Reconocimiento de una Producción de sentido.

El discurso sobre el “Problema de la Seguridad” comienza a mediados de los noventa de la mano de las políticas de exclusión masiva. El modelo implementado en los noventa cierra definiendo como un “Problema de Seguridad” lo que queda fuera de su sistema.

El discurso “El Problema de la Seguridad” define el campo de lo que ha sido fragmentado socialmente, en una operación político ideológica tendiente a judicializar al excluido. A sacarlo de la esfera de una solución política.

El discurso del “Problema de la Seguridad” se autodefine como “apolítico”, angelado, pero cuestionando, denostando, interpelando permanentemente al sistema político democrático, a la política y a los políticos para, paradójicamente, dictarle Políticas de Seguridad.
Es, en definitiva, un discurso profundamente antipolítico.

Ej. Significantes “no políticos” del Caso Blumbreg:

- La gente
- Sin banderas políticas
- La multitud
- Los ciudadanos
- La mayoría silenciosa
- Cruzada
- Critica a los Organismos de Derechos Humanos

Tiene como características:

- La repetición
- El Melodrama. Formas teatrales, habla expresiva, relatos de los hechos desde la emoción y la conmoción.
- Narración desde el lugar de la victima. La antropóloga Susana Rotker considera que “cuando falla el saber objetivo, se apela de nuevo a lo más primitivo al saber original: qué me pasó y cómo sobreviví” (Rotker, 2000, 8). Un saber incuestionable. Operando desde la decontextualizaciòn de los hechos.
- Transformar el hecho mediante la cobertura periodística en vivo en un Duelo Publico.
- Relatos de guerra. Definir a los delincuentes como enemigos en función de crear estados de excepción propicios para cambios antidemocráticos. (Cruzada, Bush, etc.)

Luego de la recuperación de la crisis del 2001 comienzan a aparecer distintos significantes para la conformación de este discurso:

“Ola de violencia”
“Saldo de la Inseguridad”
“Robos en los taxi”
“Secuestro expres”
“Hombre araña”
“Motochorros”
“Pibe chorros”
“Vivir enrejados”
“Piqueteros”
“Limpiavidrios”
“Trapitos”
“Cartoneros”
“Fuerte Apache”, “La Carlos Gardel”, “1-11-14”, etc.
“La seguridad de los lugares” (Caso Cromañon). Que implicó la destitución del Jefe de Gobierno, aportando al advenimiento de la “gestión macrista”
“Una sociedad encerrada por el pánico”
“Cruzada Axel”. “J.C. Blumberg fue investido de un saber sobre la seguridad que nunca le fue conferido tan automáticamente a las madres de las victimas de violaciones a los derechos humanos o a los familiares de quienes sufrieron violencia policial.” (Calzado 2004)
Deslegitimación de los Organismos de Derechos Humanos
“Encuestas de los principales problemas”
Secciones fijas en los periódicos, que retroalimentan el miedo al crimen. Un estudio comparado de 14 periódicos de latinoamericanos demuestra una mayor presencia en el diario argentino considerado, en contraste con otros países de la región con tasa mucho mayores.

Las noticias sobre “seguridad” en cantidad de notas publicadas ha sido objeto de un estudio comparativo en los diarios de Latinoamérica. En un trabajo de la Fundación Elbert producido por Germán Rey se describe la particularidad de los diarios argentinos en relación con la aparición de noticias de seguridad ciudadana.

El estudio cuantitativo del autor colombiano toma La Nación y Clarín y, al relacionarlos con otros 12 medios gráficos latinoamericanos, muestra cómo a pesar de los índices más bajos de delitos, los periódicos argentinos –sobre todo Clarín- publican mayor cantidad de noticias vinculadas a seguridad, incluso más que Colombia, país con uno de los mayores índices delictivos de América Latina.

En cifras, del relevamiento realizado por Rey, el 10 por ciento de las noticias monitoreadas en todo el período analizado en Clarín son de tipo policial. La Nación, un 6.16 por ciento. Estas cifras son elevadas si consideramos que el promedio más alto lo posee el Diario de Hoy de El Salvador con un 17 por ciento total, mientras que el más bajo (2 por ciento diario) es el diario El Tiempo de Colombia.

Para ejemplificar, según datos comparativos de la Organización Mundial de la Salud del año 2000, mientras que en Colombia la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes llega a 65, en Argentina se ubicaba en el 7.2.

En el año 2004, cuando el estado de conmoción por la ola de delitos llega a su pico máximo por el caso Blumberg y se realizan importantes manifestaciones que tienen como raíz un homicidio, las propias estadísticas muestran que el índice de homicidios dolosos en todo el país fue el más bajo de los últimos 13 años.

La operación de crear significantes nuevos se completa asociando a estos determinados signos, imágenes y conductas.

Por ejemplo: “Pibe chorro” es asociado a determinada vestimenta deportiva y al uso de gorrita, al hábito de ir a determinados boliches, al gusto por la cumbia villera y a habitar determinados barrios. Por generalización a todo joven de las clases populares.

Ergo todo este conjunto de signos formará parte del discurso del “Problema de la Seguridad”

Esta operación puede llamar “Problema de Seguridad”

- Al corte de calle por una manifestación de los trabajadores.
- A los festejos del Bicentenario. Llamado “Caos de Transito”
- A la toma de escuela por parte de los estudiantes secundarios en defensa de la Educación Publica y Gratuita.
- Al festejo del día de la primavera por parte de los estudiantes
- A una manifestación política
- A los organizaciones sociales (“piqueteros”)
- Al robo mediante salideras bancarias
- Al asalto a mano armada seguido de muerte.
- Al secuestro extorsivo seguido de muerte
- Al carácter aleatorio del delito
- Llama inseguridad jurídica a los cambios de legislación necesarios paro todo cambio social
- Llama inseguridad jurídica a todo cambio que afecte el status quo y la concentración monopólica.
- Llama inseguridad jurídica a mejorar las condiciones de vida de la población a través del discurso de la “Corrupción Política”
- A través del discurso de la “Corrupción Política” desprestigia a la política como herramienta de cambio y de transformación social. En este discurso cualquier acto social puede ser invalidado, desprestigiado por “hacer política” (?)
- El cinismo de este discurso llega hasta el punto de hablar de la “Apropiación de los Derechos Humanos” por parte del actual gobierno al promover el juicio a los represores de la última dictadura connotando con esto un problema de “Inseguridad Jurídica”. En esta última operación queda evidenciado el deslizamiento de significado. La Seguridad es transformada en Inseguridad. La Justicia en Inseguridad Jurídica. Lo mismo recurso discursivo es utilizado cuando la diputada Carrio dice: “los hijos de Noble Herrera son nuestros hijos”

Sin embargo No llama “Problema de Seguridad”:

- A los delitos de lesa humanidad
- A la complicidad actual de la policía con los represores
- A la apropiación de hijos de desaparecidos
- A la apropiación de empresas por parte de colaboradores de la Dictadura
- A la continuidad de 6000 policías que participaron en la dictadura en la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
- A la conformación de la Policía Metropolitana con policías exonerados
- A la concentración monopólica
- A los asesinatos mafiosos (por ejemplo: Perel, empresarios de General Rodríguez, etc.)
- A los asesinatos intraclase alta (Belsunce, etc.)
- A los accidentes de transito
- Al femicidio
- Al deterioro de los Hospitales Públicos en CABA
- A las 5000 muertes por cardiopatías chagasicas anuales.
- A la ejecución sumaria llamada “gatillo facil”
- A la privatización de la policía publica. A través de los adicionales, zonas liberadas, pasividad, etc.
Etc.

La operación del Discurso del Problema de la Seguridad consiste:

En confundir un conjunto de hechos sociales (conductas -reales, atribuidas y/o supuestas-, hábitos, reclamos gremiales, manifestaciones políticas, etc.) con el delito de robo a mano armada seguido de muerte y el secuestro seguido de muerte.
Ampliar el significado del delito con el fin de producir un efecto emocional, cognitivo y político en la población llamado el “Problema de la Seguridad”.
Influir sobre un miedo atávico en el ser humano, como es el miedo a la muerte, con el fin de propiciar conductas de pánico y de ruptura del lazo social.

Tiene como objetivo político fundamental:

Ocultar los delitos de Lesa Humanidad
(Lo que sale en la tapa de Clarín es que la victima de un asalto se va del país y no que es recuperado el nieto 102 por parte de las Abuelas de Plaza de Mayo)
Aislar discursivamente al actual gobierno. Apoderarse de la Producción de Discursiva y del efecto de sentido. (Peron 55, 125, etc)

Tiene como objetivo político secundario:

Judicializar la protesta social
Definir un enemigo interno. La población joven. En este sentido es heredero de la Doctrina de Seguridad Nacional. Las Elites Dominantes en nuestro país tienen vasta experiencia en esto (los malones, los anarquistas, los cabecitas, los subversivos, etc.)

Desmovilizar a los sectores populares. Frenar reclamos democráticos.
Generar un clima de miedo en la población propicio para la instalación de políticas represivas y conservadoras.

En lo coyuntural desestabilizar al actual Gobierno Nacional.
Arrancar de la memoria de las clases populares que el peor delincuente puede llegar a ser el Estado (Ej. Asesinatos de Kosteki y Santillan)
Finalmente a través de definir la seguridad que necesita el ciudadano definir un tipo de orden y control social.

Conclusiones:

El discurso del “Problema de la Seguridad” solo tiene una relación referencial con el delito en nuestra sociedad.

Es una Producción de sentido que tiene como objetivos:

- Ocultar la política de Derechos Humanos del actual gobierno
- Aislar discursivamene al actual gobierno.
- Infundir miedo en la población
- Definir enemigos internos
- Promover modelos de control social represivos
- Invalidar a la política como herramienta de solución de la conflictiva socialww

domingo, 3 de octubre de 2010

¿Hasta cuando un Ministerio de Salud sin hospitales?


AGRUPACION LA SALUDABLE

Introducción

Cuando en los ´90 la ola liberal en manos del menemismo desguazó el Estado nacional, el Ministerio de Educación se quedó sin escuelas y el de Salud sin hospitales. Todo se provincializó, en el mejor de los casos, o directamente se municipalizó, con el consiguiente conflicto escalafonario, presupuestario, gremial.

El sistema escolar logró adaptarse, con mayor o menor éxito según la jurisdicción, y a los empujones logró rearmarse. Hoy en cada provincia en cada municipio, las escuelas funcionan. Si bien el Ministerio de Educación no tiene escuelas bajo su directa dependencia, puede monitorear el sistema y saber que cuenta con efectores a nivel nacional para cubrir las demandas educativas.

Con el sistema de salud no sucedió lo mismo. El desguace hospitalario desarticuló redes, descabezó programas, generó aislamientos, se perdieron rumbos. En particular en lo referente a la medicina reparadora, curativa, diagnosticadora. Dentro de las misiones sanitarias (promoción de la salud, prevención de enfermedades, atención de pacientes, y recuperación/restauración de la salud) la que más se ha resentido es la que se ocupa directamente del enfermo, para diagnosticarlo, atenderlo, medicarlo y curarlo.

Esa etapa sólo se puede desarrollar en hospitales, y en hospitales bien equipados, bien mantenidos, con personal adecuado en cantidad y calidad, actualizado, con capacidad de docencia e investigación, con insumos suficientes, con tecnología moderna.

A diferencia de lo educativo, el Ministerio de Salud nacional nunca se recuperó de esta sangría hospitalaria y el carecer de unidades médicas formadoras y con capacidad de atención de patologías especiales, ha hecho que el sistema oficial de salud se vea seriamente comprometido y tenga que recurrirse a entidades sanitarias de obras sociales o directamente de la órbita privada para solucionar problemas.

Situación actual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Actualmente el Ministerio de Salud del GCABA cuenta con nueve hospitales ex–nacionales, todos monovalentes: el de enfermedades infecciosas Muñiz, el de enfermedades respiratorias Ferrer, el de enfermedades gastroentéricas Udaondo, los oftalmológicos Santa Lucía y Lagleyze, el de recuperación psicofísica IREP y los de salud mental Borda, Moyano y Tobar García.

En muchos de estos hospitales los pacientes provienen, mayoritariamente, de otras jurisdicciones diferentes a la Capital Federal, ya sea del conurbano bonaerense como del resto de las provincias argentinas.

En la mayoría de estos hospitales, su prestigio histórico y sus equipos sanitarios mantienen un atractivo particular para pacientes de todo el país y sus servicios médicos son requeridos permanentemente. Además, sus cursos de capacitación y actualización profesional siguen presentando una alta concurrencia de médicos de todo el país.

Contrariamente a todo esto, el estado general de estos hospitales, en cuanto a lo edilicio y al equipamiento médico de alta tecnología, han caído en el olvido y el abandono, ya que la actual gestión PRO de Mauricio Macri ha decidido dejar caer a estos hospitales en forma definitiva. No es casual que sus pocos e irrealizables proyectos de cambios o mejoras en el sistema de salud porteño tengan relación directa con el cierre, el desplazamiento o la reconversión de todos estos hospitales.
Repasemos: (a) propuesta de relocalizar a los hospitales Muñiz, Udaondo y Ferrer en un solo y único predio, contraviniendo la mínima lógica sanitaria, pero obteniendo a cambio dos predios de gran potencialidad inmobiliaria en la zona elegida por el macrismo para el desarrollo urbanístico de la ciudad (Barracas – Pompeya – La Boca); (b) cierre definitivo de los hospitales de salud mental de mujeres (Moyano), hombres (Borda) y adolescentes y niños (Tobar García), a cambio de invisibles centros de recuperación e internación en distintos barrios porteños, con la consecuencia ganancia de más de 80 hectáreas de tierras aptas para pingües negocios inmobiliarios en la misma zona del sur porteño; y (c) cierre definitivo del Lagleize ante la mínima inundación generada por uno de los habituales desbordes del nunca terminado de entubar Arroyo Maldonado, con el traslado de equipos, personal y pacientes al servicio de oftalmología del Hospital Durand, quedándose con una manzana de alto valor inmobiliario en pleno barrio de La Paternal. Hasta ahora no se sabe de propuestas similares acerca del Santa Lucía y del IREP, pero démosle tiempo a Macri y sus adláteres Chain y Caputo, algo se les va a ocurrir.

Presupuestariamente, estos nueve hospitales monovalentes ex-nacionales implican unos 530 millones de pesos anuales en todo concepto (gastos de personal, bienes de consumo, servicios no personales y bienes de uso).

Propuesta

Consideramos que ante las situaciones planteadas precedentemente, se podría recuperar para el sistema nacional de salud a estos nueve centros hospitalarios y colocarlos nuevamente bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación.

El funcionamiento de estos hospitales podría ser financiado por la Nación, por las provincias (la de Buenos Aires por ser parte de la mayoría de sus pacientes, pero las demás por también enviar pacientes) y la CABA por ser física de los hospitales.
Esta propuesta no significa reducir a un tercio el presupuesto destinado a estos nosocomios, sino por el contrario triplicarlo, a efectos de dotarlos de la mejor y más avanzada tecnología sanitaria, de capacitarlos para ser receptores de la demanda nacional de docencia e investigación en las patologías que atienden, de ser captadores de los mejores profesionales.

Marco legal

La propuesta toma como ejemplo la actual situación del Hospital de Pediatría Garrahan, cuya creación se basó en la Ley Nº 17.102 de 1966 que establecía las bases para el desarrollo de los Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC). Esta Ley fue reglamentada en 1968 a través del Decreto Reglamentario Nº 8.248 en el cual figuran aspectos citados en nuestra propuesta.

Recientemente, en el año 2009, la actual Presidenta Dra. Cristina Fernández de Kirchner firmó el Decreto Nº 9, aprobando un convenio para crear el Ente Hospital de Alta Complejidad “El Cruce” como estructura SAMIC, entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires.