martes, 27 de diciembre de 2011

Fábricas recuperadas: tras el veto los trabajadores preparan un plan de acción

Representantes de las 29 empresas autogestionadas en la Ciudad de Buenos Aires, cuyo futuro está en duda, se reunirán mañana. Legisladores de distintos bloques de la oposición buscan las alternativas para garantizar su protección. 
 

Aunque el veto que Mauricio Macri impuso a la Ley 4008 que prorrogaba hasta el año 2017 el régimen de protección a 29 fábricas recuperadas que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires generó fuertes críticas, pocos aseguraron haberse sentido sorprendidos por la decisión del jefe de gobierno aun cuando el bloque del PRO en su conjunto acompañó el proyecto del ex legislador Diego Kravetz.
La decisión de Macri de quitar protección a una de las experiencias más ricas y prolíficas legadas de la fuerte crisis económica, política y social que provocó el proyecto neoliberal en la Argentina movilizó a trabajadores, legisladores de la oposición y distintas organizaciones sociales, políticas y culturales que ya plantean diversas líneas de acción para resistir el abandono macrista.
Hugo Fusec, trabajador de la Cooperativa de Trabajo Gráfica Patricios Limitada (ex Empresa Gráfica Conforti) aseguró a Tiempo Argentino que hoy se reunirán con legisladores de la oposición para transmitirles su preocupación y mañana se juntarán representantes de todas las empresas recuperadas de la Ciudad para delinear un plan de lucha: “Lo haremos, sabiendo que debemos ser inteligentes y no darle pie al gobierno de Macri para victimizarse. Lo que tenemos bien en claro es que las empresas no las vamos a entregar”, sentenció Fusec.
Entre los legisladores de la oposición la respuesta tampoco se hizo esperar. La diputada y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Delia Bisutti (Nuevo Encuentro) encabezará hoy junto a los también legisladores Francisco “Tito” Nenna (FPV) y Aníbal Ibarra (Frente Progresista y Popular) una conferencia de prensa en la que manifestarán su rechazo al veto.
“Macri quiere dar marcha atrás y erradicar la experiencia de las fábricas recuperadas. Es una clara demostración de una ideología de derecha y de quien representa a los sectores empresarios más concentrados”, dijo a Tiempo Ibarra, y  vaticinó que “dependerá de la movilización de sectores sociales y políticos conseguir que no prospere esta decisión del Ejecutivo porteño que no se caracteriza ni caracterizó por su sensibilidad social”.
En la misma línea se pronunció el legislador Julio Raffo, quien reconoció que en Proyecto Sur la decisión de Macri no sorprendió “es coherente con la concepción insensible a temas sociales del macrismo. Sigue confundiendo gobernar con eficientismo empresarial, por eso cortan programas sociales”.
Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro) recordó además que “la ley se votó por unanimidad, todo el bloque del PRO la acompañó” y destacó el rol de las empresas recuperadas, no sólo en la preservación de puestos de trabajo durante los momentos más duros de la crisis sino su capacidad para generar nuevos empleos y trascender lo meramente productivo para convertirse en experiencias de desarrollo social y cultural. El legislador de Nuevo Encuentro hizo hincapié en que, de las 83 leyes que lleva vetadas Macri en apenas cuatro años, 70 de ellas contaban con el respaldo de los diputados del PRO, y confió en que esa fuerza acompañe al resto de los bloques para volver a sacar la prórroga adelante. Para lograrlo necesitan el voto de dos tercios de los legisladores.
Sin embargo, aunque en un primer momento acompañaron masivamente la iniciativa, desde el PRO ya comenzaron a poner en duda esta posibilidad. En diálogo con este diario, Martín Ocampo dijo que ahora analizarán las razones del veto: “A partir de ahí tenemos dos caminos aceptarlo o rechazarlo”, dijo, aunque matizó la posibilidad de votar un rechazo. “Tenemos una política general cuando hay un veto del Ejecutivo de no insistir en la sanción de la ley salvo circunstancias excepcionales, eso sucedió sólo en dos o tres ocasiones y siempre en el marco de un acuerdo previo con el Ejecutivo.”
El veto de Macri apunta al artículo sexto de la Ley 4008 que establece la conformación de una mesa que reúna a representantes del Ejecutivo, legisladores, al ministro de Desarrollo Económico y un representante por empresa. “Argumenta –explicó Eduardo Montes referente de la Gráfica Patricios– que los trabajadores no podemos involucrarnos en la gestión pública ni instar al Ejecutivo a que cumpla la ley.”
Kravetz cargó con dureza contra el Ejecutivo porteño. “Es un retroceso en las políticas públicas”, dijo y resaltó que la ley “se mostró exitosa porque en capital permitió sobrevivir a 29 fábricas y mantener 2000 puestos de trabajo, que es mucho más de lo que puede demostrar el ministro de Desarrollo Económico Francisco Cabrera. Demuestra que la política pública para generar empleo tienen que venir de afuera porque desde ese ministerio no se hace nada.”
Fusec aseguró que la lucha de las fábricas recuperadas no es un tema sólo porteño y aseguró que empieza a nacionalizarse, aunque destacó que en los últimos años han podido trabajar a la par de los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social de la Nación. “Es una cuestión pura y exclusivamente política y a la política se la derrota con más política, dijo sobre la embestida macrista y sentenció: “Somos la antítesis del proyecto que propone Macri para la Ciudad, pero las empresas recuperadas vamos a ir todavía por más, por más y mejor trabajo, por más inclusión social y por más dignidad.”

lunes, 26 de diciembre de 2011

Fuerte respaldo a la nueva ley que democratizó el papel para diarios

La norma fue celebrada por los medios gráficos de todo el país, en especial los del interior, que por más de 35 años fueron sometidos al manejo monopólico y discrecional que Clarín y La Nación ejercieron en la empresa Papel Prensa.
 

La democratización del papel para diarios en la Argentina, hecha ley este jueves por el Senado de la Nación, fue tan celebrada por la enorme mayoría de los medios gráficos de todo el país como rechazada por Clarín y La Nación, las dos empresas que por más de 35 años se beneficiaron con el manejo discrecional del insumo básico producido por Papel Prensa SA.
La norma, sancionada por 41 votos a favor, 26 en contra y una abstención, declara que la fabricación, distribución y comercialización de pasta celulosa para papel de diario será considerada de interés público. Hasta ahora, sucedía exactamente lo contrario: era un asunto controlado por dos privados.
El 71% de lo que se fabrica en la planta de San Pedro era monopolizado por los medios impresos de Héctor Magnetto y de la familia Mitre, quienes también disponían cómo se asignaba el 29% restante, a repartir entre 168 diarios a los que les hacían sentir el rigor de la dependencia: tenían que pagar un precio diferencial, hasta 15% mayor; comprarle a intermediarios que hacían subir los costos aun más o, directamente, recurrir a la importación.
Como respuesta a este estado de cosas, la medida que se tomó por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso nacional busca establecer un mercado periodístico donde la competencia se dé en condiciones de mayor igualdad. Según los argumentos del proyecto enviado por el Ejecutivo, esta será la base para el fortalecimiento del derecho a la comunicación y una garantía en la circulación de ideas.
La concreción de este paso fundamental, que Tiempo Argentino consideró histórico y que sintetizó en su portada de ayer con la palabra “Igualdad”, para el diario de Magnetto y de Ernestina Herrera de Noble, en cambio, significó otro episodio de “la embestida del gobierno contra la prensa”, con el fin de “poner a la empresa Papel Prensa bajo la supervisión política” de la presidenta Cristina Fernández. La Nación, en sintonía fina con su socio en la pastera, aseguró en su tapa que el kirchnerismo “tendrá el control total del mercado de papel para diarios”, que el resultado de la votación de diputados y senadores integra “la ofensiva contra los medios independientes” y que el país se dirige “hacia un poder hegemónico”.
Muy por el contrario, para los más de 80 medios que conforman Diarios y Periódicos Regionales de la Argentina (Dypra), cuyos dueños y trabajadores experimentaron en primera persona lo que fue para la industria gráfica el control monopólico sobre Papel Prensa, la nueva ley “viene a poner equidad y justicia luego de más de 35 años de manejo discrecional en la provisión de este insumo”, además de abrir la participación del sector en la Comisión Federal Asesora, que asistirá y acercará propuestas a la autoridad de aplicación.
En su comunicado, Dypra también relató que “por años los editores de todo el país que no estaban comprendidos dentro de los cupos establecidos, habían peticionado incansablemente a diferentes gobiernos y a la propia fábrica de papel para que esta les provea este vital insumo”. La respuesta, recordó la entidad, había sido “siempre la misma y perversa: ‘Papel Prensa no puede producir más.’”
Para el senador por el Frente para la Victoria Daniel Filmus, lo aprobado por la Cámara Alta fija reglas de juego que permitan “garantizar que a todos los diarios del país le llegue por igual algo que hasta ahora era un monopolio”. En declaraciones radiales, Filmus –que vivió en carne propia el silencio de la prensa hegemónica cuando fue víctima de una campaña de desprestigio– explicó que “la lectura de la ley no deja lugar a dudas que no se trata de un intento de condicionar a los medios, sino de un intento, como lo fue en su momento la Ley de Medios, de distribuir democráticamente las voces”.
A lo largo y ancho del país, empresas periodísticas de distinta envergadura se mostraron a favor de lo dispuesto en el Congreso. Los que siguen son sólo algunos ejemplos: “Papel de diario: se aprobó el proyecto para su democratización”, destacó en su portada de ayer La Arena, de La Pampa. Desde Córdoba, Comercio y Justicia planteó que “El Estado garantizará el suministro de papel para diarios”, El Diario hizo tapa informando que “El Estado recuperó la producción de papel para diarios” y La Mañana publicó que “Es ley el proyecto que democratiza el papel de diario”. El Mensajero de la Costa anunció que “Los diarios locales celebramos la sanción de la Ley que regula la producción de papel”, y llevó a su contratapa el documento emitido por Dypra. En la provincia de Buenos Aires, el periódico cooperativo La Posta del Noroeste tituló que “El Senado aprobó el papel igualitario”.
Osvaldo Papaleo, hermano de Lidia Papaleo, viuda de David Graiver y una de las personas que sufrió el despojo de Papel Prensa durante la dictadura, sostuvo que se dio “un paso más hacia la democratización del país”. Para Papaleo, “ellos –por Clarín y La Nación– no esperaban esa sanción”. Y con respecto a quienes salieron a rechazar con fuerza la medida, les respondió que “lo irregular es lo que ocurrió hasta hoy”.
Entre las manos que se levantaron en contra del proyecto impulsado por el kirchnerismo estuvieron los cuatro senadores del Frente Amplio Progresista (FAP). Para explicar esta oposición que los llevó a votar junto al radicalismo, la Coalición Cívica y el PJ disidente, el líder del FAP, Hermes Binner, argumentó que la ley significa “una presencia del Estado que no es necesaria”. Esto a pesar de que el ex gobernador santafesino sí consideró que “el gobierno tiene que asegurar que haya papel. De producción nacional o de importación con arancel cero. Es un insumo vital para la libertad de prensa”. Para resolver la disyuntiva, Binner vaticinó que con el nuevo marco regulatorio esto no va a pasar “en absoluto”.
En el mismo sentido se habían expresado las dos organizaciones que abroquelan a los medios escritos más poderosos a nivel regional y local, respectivamente: la influyente Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Entidades Periodística Argentinas (ADEPA). Como en otras oportunidades donde Magnetto y los Mitre vieron amenazado el statu quo que blinda sus intereses, estos dos sellos institucionales salieron al cruce. ADEPA –entidad controlada por Clarín y La Nación y sus firmas subsidiarias–, sentenció que “la ley de papel para diarios es inconstitucional”, además de que “abre incertidumbre real sobre la libertad de expresión”. A esta prédica se sumó la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), que demonizó a la norma definiéndola como “el último capítulo de lo que parece ser una campaña permanente de la presidenta Cristina Kirchner contra la prensa independiente en el país”. Para esta organización, “la medida, que impone el control gubernamental sobre la empresa privada, es un paso atrás para la Argentina y hará daño a la reputación internacional del país”. WAN-IFRA, que dice reunir a 18 mil periódicos, 15 mil páginas web y 3000 compañías en más de 120 países, tiene como miembro de su consejo de administración a Jorge Carlos Rendo, director de relaciones exteriores de Clarín y uno de los principales operadores del grupo, quien en los últimos días mantuvo reuniones con legisladores de la oposición.
Por fuera de estas advertencias en clave apocalíptica de ADEPA, la SIP y sus entidades afines, Dypra remarcó que el papel, eso que hasta ahora siempre escaseó para muchos diarios y sobró para muy pocos –dos, más precisamente–, constituye “un insumo esencial que no sólo hace a la libertad de expresión en general, y a la de prensa en particular, sino que es constitutivo de la soberanía nacional”. 

martes, 20 de diciembre de 2011

COLECTIVO SANITARIO

Compartimos con ustedes la columna del DrDonato Spaccavento en Colectivo Sanitario sobre la Administración de Programas Especiales (APE).



lunes, 5 de diciembre de 2011

Un plan para los pibes que llegó para quedarse

La Asignación Universal por Hijo (AUH) cumplió en noviembre dos años desde su implementación. El programa nació con 3,3 millones de inscriptos, tuvo un pico de 3,7 millones en mayo de 2010 y el mes pasado se liquidaron 3,5 millones de beneficios. Aunque las cifras presentan variaciones menores, entre aquel techo y el nivel actual ocurrieron varios hechos significativos, que reflejan la vida propia que adquirió el sistema y su funcionamiento institucional. Por ejemplo, el padrón de niños y adolescentes cubiertos por la asignación registró un millón de incorporaciones, de las cuales 285 mil fueron gracias a que la Anses pudo depurar sus bases de datos hasta conectar a todos esos niños con sus padres, información que en un principio estaba dispersa y no permitía que esos menores accedieran a la ayuda estatal. Otros tantos dejaron de cobrar el beneficio por diversos motivos, entre los cuales el principal es que sus padres consiguieron empleo en la economía formal.
La otra razón que elevó la cifra de chicos alcanzados por la AUH fueron los nacimientos que ocurrieron en el período, bebés que la Anses detectó rápidamente e incorporó al sistema. Y una tercera causa fue la política de documentación masiva que lanzó el Gobierno a través de los nuevos DNI y campañas específicas de los ministerios del Interior y Desarrollo Social. Entre estos dos factores se contabilizan 736.128 altas en la asignación, a las que se agregan 284.656 por la identificación de hijos y padres explicada más arriba. En total, la suma arroja 1.020.784 nuevos anotados entre mayo de 2010 –cuando se alcanzó el máximo de beneficiarios, con 3.684.500– y el nivel actual –de 3.527.900 niños–.
Ese millón de adhesiones es el dato que presenta la Anses para responder a la crítica que lanzó un sector de la oposición cuando se creó la AUH y que sostiene hasta el día de hoy. Su argumento es que las condiciones impuestas para acceder son demasiado restrictivas y dejan afuera a chicos que deberían cobrar. Luego de dos años de funcionamiento, el organismo de la seguridad social asegura que el mecanismo es eficiente para captar a aquellos que merecen el subsidio y que en todo caso las correcciones que se pueden presentar son menores.
Pero si el padrón de la AUH se amplió en más de un millón de chicos y el número de beneficiarios actuales es menor en 156.000 al de hace un año y medio, hay otras razones que lo explican y también dan cuenta de las transformaciones que se van operando dentro del programa. La más notable es que 318.210 menores dejaron de cobrar ese plan porque sus padres empezaron a trabajar en la economía formal. Se convirtieron en empleados bajo relación de dependencia y pasaron a percibir las Asignaciones Familiares que liquida la propia Anses. La información es congruente con las tasas de empleo y desocupación registradas en el tercer trimestre. La primera llegó a su máximo desde 2003, con un 43,4 por ciento, mientras que el desempleo bajó hasta su mínimo desde 1990, a 7,2 por ciento. “Los padres de miles de niños que antes percibían la AUH ahora cobran las asignaciones en sus trabajos”, celebró la Anses, en un informe al que accedió Página/12.
En la misma línea, 90.144 chicos dejaron de cobrar la Asignación Universal por Hijo porque sus padres se inscribieron como monotributistas, lo que habla de un pasaje de la informalidad a algún grado de formalidad laboral. En el mismo documento se especifica que otros 285.205 menores de 18 años ya no perciben la AUH porque sus padres o tutores se convirtieron en jubilados o beneficiarios de pensiones no contributivas y el Gobierno estableció que aquel plan es incompatible con estas otras coberturas estatales. Lo mismo ocurrió con 164.263 chicos que accedieron a planes sociales liquidados por las provincias.
Hay otro grupo, de 134.725 chicos, que fueron dados de baja de la AUH porque sus padres no presentaron la libreta que acredita el cumplimiento de algunas de las condiciones impuestas para cobrar: la asistencia regular a clases y las vacunas obligatorias. Es decir, el 3,8 por ciento del total de inscriptos. El Gobierno justifica su rigurosidad en este punto porque sostiene que la AUH tuvo un impacto positivo en el aumento de la matrícula escolar y en los planes de vacunación, y que ésas son ganancias asociadas a la creación del beneficio que es conveniente preservar.
Más polémica es otra de las causas por las cuales se excluye a menores de 18 años del sistema: 164.263 quedaron de lado porque la Anses detectó que sus padres no encuadraban con algunos de los requisitos exigidos, como ser trabajadores informales y ganar menos del salario mínimo vital y móvil. La Anses realiza inspecciones permanentes para corroborar que se cumplan esas condiciones. También dentro de este grupo hay que computar a chicos que asisten a escuelas privadas que cobran cuotas mensuales superiores a los 100 pesos y por esa razón ya no pueden participar de la AUH (ver aparte).
En conclusión, entre el 1.020.784 altas y el 1.117.325 bajas, los beneficiarios actuales son 156.541 menos que en el pico de mayo de 2010. Son números que se van moviendo mes a mes y que evidencian que la AUH es un programa ya instalado que va ganando en profundidad. Esto también se refleja en el comportamiento mayoritario de quienes reciben ingresos por esta vía. Desde que entraron en vigencia las libretas donde los anotados en el sistema deben registrar la asistencia a clases y la aplicación de vacunas, 4.613.341 de ellas fueron presentadas ante la Anses. Eso liberó el pago del 20 por ciento que el organismo les retiene mes a mes hasta cumplir con ese trámite. Eso suma 1159 millones de pesos desde abril de 2010 hasta noviembre último, a razón de 523 pesos promedio por familia el mes pasado.

jueves, 1 de diciembre de 2011

Salud estima que la mitad de las personas infectadas de Sida no lo saben

El Ministerio de Salud informó que en Argentina hay 130.000 personas infectadas con el virus del VIH, pero estimó la mitad de ellas lo desconoce. Se firmó un convenio por el cual el país recibirá 12,5 millones de dólares en subsidios del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida.
La cartera sanitaria detalló en un comunicado que en el país “hay una epidemia bastante estabilizada, ha bajado la mortalidad, la transmisión vertical y la cantidad de casos de Sida", pero que "todavía el 50 por ciento de las personas no conoce su diagnóstico".

"La mayoría de quienes sí lo saben se encuentra en seguimiento en los servicios de salud y de las 43 mil personas que reciben tratamiento antirretroviral gratuito, el 69% es provisto por el Estado", explicó la cartera.

Los datos fueron dados a conocer por la subsecretaria de Prevención y Control de de Riesgos, Marina Kosacoff, en un encuentro sobre prevención de Sida que contó con la participación de funcionarios, autoridades del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

La cartera sanitaria detalló que el año pasado transfirió 270 millones de pesos a las provincias para prevención y tratamiento.

Durante la actividad, el subsecretario de Políticas, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud, Andrés Leibovich, y el representante del Fondo Mundial José Gabriel Castillo, suscribieron un acuerdo a partir del cual Argentina recibirá un total de 12,5 millones de dólares en el periodo 2012-2016 para profundizar la lucha contra el Sida.

Salud indicó que entre el año próximo y 2013 el Fondo Mundial desembolsará 4,3 millones de dólares que se destinarán a acciones dirigidas a población con vulnerabilidad incrementada al VIH-Sida.

El Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria es una institución internacional de financiamiento que ha distribuido 22.400 millones de dólares en 150 países para apoyar programas a gran escala de prevención, tratamiento y atención contra esas tres enfermedades.

La entidad había aportado fondos al país hasta 2007 y retomó los aportes luego de las gestiones del ministro de Salud, Juan Manzur.

Leibovich señaló que “el VIH-sida es una patología que provocó muchas muertes y desde 2002 el Estado argentino provee gratuitamente de medicamentos a toda la población afectada, lo que implicó que la tasa de mortalidad haya ido descendiendo progresivamente".

"Hoy la situación se ha estabilizado, pero esto no significa que nadie deba bajar los brazos ni que el Ministerio de Salud no continúe trabajando muy fuerte en prevención y tratamiento”, expresó el funcionario.

Por su parte, el representante del organismo José Castillo explicó que “ha sido un proceso muy largo de negociaciones, ya que todos los países que aplican a la solicitud de subvenciones del Fondo Mundial tienen que cumplir con una serie de condiciones y una de las más importantes es que haya presentado evidencia del impacto que han tenido los recursos utilizados”.

En el caso de Argentina, señaló que “la evaluación fue definitivamente positiva, se ha reconocido eso y es necesario tener este apoyo para continuar la lucha en los puntos que todavía requieren de mejoras”.

En tanto, el responsable de la Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual, Carlos Falistocco, dio a conocer el informe anual de estado de situación de la epidemia en Argentina.

“Hay una epidemia bastante estabilizada, han bajado la mortalidad, la transmisión vertical y la cantidad de casos de Sida. Estamos muy bien, pero todavía el 50 por ciento de las personas no conoce su diagnóstico", indicó.

Aseguró que, por eso, "las líneas de trabajo van particularmente a la promoción del diagnóstico para que accedan rápidamente al tratamiento, tengan mejor calidad de vida y también para poder disminuir la transmisión del virus".

"Además, hay gente que se entera muy tardíamente de que está infectada”, detalló Falistocco.

Según el reporte, cuatro de cada mil personas mayores de 15 años están infectadas y, en los últimos tres años, una de cada cinco personas que se diagnosticaron tenía 45 años o más.

Entre los varones que tienen sexo con otros varones (más allá de su identidad de género u orientación sexual), la proporción es del 12%. Otras poblaciones que tienen prevalencias más altas que la media son las de trabajadoras/es sexuales, con un 5%, y las personas travestis y transexuales, donde la epidemia afecta a tres de cada diez personas.

Salud aseguró que "continúan descendiendo la transmisión por uso compartido de material inyectable para el consumo de drogas y los diagnósticos de infección en niños por transmisión vertical".

Con respecto a la transmisión del virus, la principal vía sigue siendo tener relaciones sexuales sin uso del preservativo: entre 2008 y 2010, el 88% de los varones y el 84% de las mujeres diagnosticadas se habían infectado de ese modo.

Por último, la cartera sanitaria indicó que "la epidemia presenta una mayor incidencia en los grandes conglomerados urbanos de las ciudades capitales del país".

"En el período 2007-2009, el 40% de los nuevos diagnósticos seguía correspondiendo a residentes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense; mientras que el 70% de la epidemia se concentra en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, en Santa Fe y en Córdoba", detalló Salud.

VIH-sida en cifras

• Cada mil adultos, cuatro viven con VIH (prevalencia del 0,4%).
• La prevalencia entre varones que tienen sexo con varones es del 12%, la de trabajadoras/es sexuales del 5%, la de usuarios de drogas llega al 7% y la de mujeres trans al 34%.
• En el país se distribuyen anualmente 45 millones de preservativos gratuitos y existen 2.533 centros de distribución donde conseguirlos.
• 43 mil personas reciben tratamiento antirretroviral gratuito, de los cuales el 69% es provisto por el Estado.
• En un año, 1.400 personas mueren por sida.

Por año se detectan 5.500 nuevos diagnósticos, de los cuales:
• En comparación, hay 1,7 varones por cada mujer diagnosticada.
• El promedio de edad es de 36 años en varones y de 32 años en las mujeres.
• El 20% tiene más de 45 años.
• El 35% vive en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, y el 67% en el área central del país.
• El 85% de los varones y el 88% de las mujeres se infectaron por vía sexual.
• Entre 80 y 100 niños se infectan anualmente por transmisión vertical.