"Curso de Formación en Políticas Sanitarias"

HOY están todos invitados al "Curso de Formación en Políticas Sanitarias"

Miércoles 18 de abril a las 19 hs
Lugar: Sala Auditorio (subsuelo) UTE- Bartolomé Mitre 1984- CABA.

Organizado por la Agrupación de Salud Néstor Kirchner

Directores del Curso: Donato Spaccavento, Edgardo Marcos, Carlos Magdalena y Pablo Berrettoni.

Conferencistas:

Hugo Spinelli.
José Carlos Escudero.
Horacio Barri.
Sandra Vázque.
Carlos Nicolini.
Nery Fures
Leandro Castro
Victoria Barrera
Donato Spaccavento.

Terceros miércoles de cada mes.

Expone Hugo Spinelli: “Las dimensiones del campo de la salud en Argentina”.
Se recomienda la lectura previa del artículo: SPINELLI H. Las dimensiones del campo de la salud en Argentina. Salud Colectiva. 2010; 6(3): 275-293- enhttp://www.scielo.org.ar/pdf/sc/v6n3/v6n3a04.pdf


Se extenderán Certificados con la asistencia otorgados por la Fundación Hospital Argerich.
Total de horas: 30 (treinta).
Vacantes limitadas.

Inscripción: enviar mail a: “cursopoliticasanitaria@gmail.com” con Nombre y Apellido- Nº de Celular- Institución en la que participa o representa.

Un retroceso en el área de salud mental

Diputados porteños de diversos partidos denunciarán hoy “la desarticulación del Programa de Atención Comunitaria de Niños, Niñas y Adolescentes con Trastornos Mentales Severos (PAC), por la Dirección General de Salud Mental de la CABA”. El PAC, que desde un centro de salud de la Ciudad “organiza redes de contención sociofamiliar para niños en alta vulnerabilidad”, podría ser trasladado al hospital Tobar García, de internación, y sus coordinadores serían desplazados. Una fuente del Ministerio de Salud porteño aseguró a este diario que “se garantizará la continuidad del funcionamiento del PAC, sin perjuicio de la posibilidad de cambios en sus coordinadores o su localización”.

El PAC viene trabajando en articulación con distintas áreas del gobierno porteño y diversas instituciones. Desde el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, así como desde la Asesoría General Tutelar, destacaron que “el PAC es valioso porque ayuda a sostener a los niños en su medio familiar y evitar internaciones”. El Programa –que tiene 250 niños en atención– recibió premios de la universidad y entidades profesionales y estaba a punto de ampliarse a varios barrios de la Ciudad. Con las nuevas medidas, su coordinación se confiará a un experto en internación psiquiátrica.

La denuncia será efectuada por los diputados María Elena Naddeo (Frente Progresista y Popular), Jorge Selser (Proyecto Sur), Gabriela Alegre (Frente para la Victoria), Virginia González Gass (Socialista Auténtico), Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica), Laura García Tuñón (Buenos Aires para Todos) y Edgardo Form (Nuevo Encuentro). Es apoyada por la Mesa Permanente Intersectorial de Salud Mental.

La resolución 347 del ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, no fue todavía publicada, pero María Grosso, directora de Salud Mental de la CABA, la habría comunicado por correo electrónico. El programa, que siempre funcionó en el Centro de Salud Mental Nº 1, pasaría al Tobar García y su coordinación quedaría a cargo de Walter Bentos, psiquiatra, gremialista en la Asociación de Médicos Municipales y coordinador del curso “Emergentología aplicada a un hospital de salud mental”, dictado en 2011 en el Tobar García para médicos y enfermeros de internación.

El PAC fue oficializado en 2007, luego de funcionar desde 1989. Desde entonces su coordinadora general es la psicóloga Alejandra Barcala. “El PAC trata de evitar las internaciones en el Tobar García por cuestiones sociales –explicó a este diario–. Es territorializado, con el criterio de estar cerca de los domicilios de los chicos. Algunos de los profesionales que lo integran son enviados por el Area de Capacitación del Ministerio de Salud de la Ciudad, que propicia la formación de los residentes en los centros de atención primaria.” Barcala comentó que “en julio íbamos a abrir tres nuevos centros: en Villa Soldati, en el Bajo Flores y en la Boca”.

Nori Pignatta, directora general de Programas Descentralizados del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes –del gobierno porteño–, contó a este diario que “el PAC nos resulta muy valioso. Desde nuestras defensorías barriales solicitamos su intervención: trabajan las estrategias en conjunto con la defensoría, la escuela, la institución de alojamiento si fuese el caso. Apuntan a fortalecer a la familia para que pueda hacerse cargo del chico o para que el chico institucionalizado pueda volver a su medio familiar”.

Laura Musa, titular de la Asesoría General Tutelar (AGT) de la ciudad de Buenos Aires, destacó que “utilizamos mucho el PAC; el cambio de los profesionales que lo han creado y desarrollado equivale a la muerte del PAC”. Gabriela Spinelli –coordinadora de salud mental de la AGT– agregó que “el PAC ha venido trabajando con todos los otros programas del Gobierno de la Ciudad, bajo esta misma gestión, y constituye una experiencia que en distintos lugares del país quieren replicar”.

María Elena Naddeo –titular de la Comisión de Seguimiento de la Ley 448 de Salud Mental– sostuvo que “la desarticulación del PAC es un gran retroceso en la desinstitucionalización exigida por la ley”. Jorge Selser, titular de la Comisión de Salud, afirmó que “el desmantelamiento del PAC afecta los derechos de los chicos, en tratamiento con profesionales que han construido trabajosamente el vínculo terapéutico. La medida remite a la medicalización de la salud mental”. Alfredo País, asesor de la Comisión de Salud, observó que “la Asociación de Médicos Municipales se apropiará de la dirección de un dispositivo que está a cargo de psicólogos”.

El PAC obtuvo el Premio al “Mejor trabajo sobre un dispositivo en salud mental” de las Jornadas de Investigación de la Facultad de Psicología de la UBA, en 2008. Y, en 2010, obtuvo mención en el Congreso de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA).

El Dr. Donato Spaccavento en "Vermucito del Domingo" en AM770

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YPF empezó a perder terreno desde el sur

Los gobiernos de Chubut y Santa Cruz cumplieron ayer con su promesa y le quitaron cuatro concesiones a la petrolera YPF por falta de inversiones. En un acto realizado sobre la Ruta 3, en el límite entre ambas provincias, el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, canceló los contratos para la explotación de los yacimientos El Trébol Escalante y Campamento Central- Cañadón Perdido, mientras que su par de Santa Cruz, Daniel Peralta, hizo lo propio con las áreas Los Monos y Cerro Piedras-Cerro Guadal Norte. El gobierno nacional estuvo representado por el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, quienes respaldaron los anuncios. YPF le respondió sólo a Chubut. “La compañía informa que emprenderá las medidas legales oportunas para garantizar la defensa de sus derechos”, declaró a través de un comunicado. Buzzi, sin embargo, no se mostró muy preocupado durante el anuncio. “Ustedes han visto que el precio de las acciones de YPF bajaron en España, Buenos Aires y Nueva York. Esas acciones van a seguir bajando porque están subiendo las acciones del pueblo patagónico”, afirmó.

El acto se llevó adelante a las 18 frente al puesto policial Ramón Santos ante unas 10 mil personas, en su mayoría trabajadores petroleros. Los gobernadores primero firmaron los decretos que declaran la caducidad de las concesiones y luego discursearon ante la multitud. “Nos cansamos de que nos ninguneen, de políticas que se dirigen en España para sacar el petróleo de nuestra Patagonia querida”, aseguró Peralta. El mandatario santacruceño sostuvo que la medida busca generar más trabajo en la provincia y les pidió a los trabajadores que se encolumnen detrás de la medida. Al finalizar, le envió un mensaje a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en lo que pareció un pedido para que suba la apuesta en la disputa con la petrolera. “Compañera Presidenta, acá tiene dos pueblos de pie. Avance y haga lo que tenga que hacer para recuperar lo que hemos perdido”, afirmó.

Luego fue el turno de Buzzi. El gobernador aseguró que la rescisión de los contratos se debió a los incumplimientos de YPF, dijo que fue una decisión tomada con “suma responsabilidad” y que los yacimientos que le están sacando a la petrolera controlada por Repsol pueden aportarle más a Chubut. Además, dio a entender que la disputa no culminó con la quita de estos dos yacimientos: “Si no hacen lo que corresponde, vamos a seguir avanzando porque son recursos nuestros”. La intención de Buzzi es traspasarle esos pozos a otra empresa. En el decreto dice que la caducidad de las concesiones se hará efectiva en un plazo de 90 días corridos desde que YPF sea notificada e instruye a la estatal Petrominera Chubut para que busque un nuevo operador en ese plazo. Pan American Energy, principal empresa petrolera de la provincia, es una de las grandes candidatas a suceder a YPF, pero el gobernador remarcó en varias ocasiones que hay varios interesados.

El secretario de Energía, Daniel Cameron, también dijo unas palabras. “Como argentino, patagónico y santacrueño doy gracias a Dios de estar con ustedes. Hoy se marca un antes y un después en esta historia. Se dará mejor calidad de vida a la gente y con empresas que, además de ganar dinero, garantizarán con su responsabilidad social una sociedad en paz”, afirmó.

Apenas terminó el acto, YPF emitió un comunicado en el que le respondió sólo a Chubut. En la empresa afirmaron a este diario que esperan “mayores precisiones” sobre el decreto que firmó Peralta antes de fijar posición ante Santa Cruz. No obstante, los yacimientos que le quitó Peralta son marginales para la compañía, mientras que las concesiones que hizo caducar Chubut representan el 19 por ciento de su producción de crudo en esa provincia y el 6,9 por ciento de su producción nacional.

De hecho, apenas se conocieron las intimaciones, YPF también había optado por responderle públicamente sólo a Chubut. El director ejecutivo de Comunicación e Imagen de la compañía, Sergio Resumil, viajó especialmente a la provincia el martes de la semana pasada para ofrecer una conferencia de prensa donde desmintió las afirmaciones del gobernador. Sin embargo, en esa ocasión Buzzi no tuvo contemplaciones y la emprendió con dureza contra el ejecutivo. “A nosotros no nos va a venir a correr un cuatro de copas que llega en un avión de la mañana y se va en un avión de la noche”, afirmó.

En YPF hace ya varias semanas que consideraban inevitable el anuncio que Buzzi realizó ayer. En respuesta, se limitaron a remarcar que cumplieron con las pautas de inversión establecidas en el artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos y que irán a la Justicia. “No están dadas las condiciones de seguridad jurídica en la provincia que permitan a YPF y sus socios el normal desarrollo de sus actividades según lo establecido en la Ley de Hidrocarburos y la Constitución nacional”, agregaron ayer, dando a entender que podrían abandonar todas las concesiones de Chubut, aunque es difícil creer que la empresa vaya a resignar ganancias voluntariamente.

El fallo que pone en vereda a jueces y médicos

“Lejos de estar prohibido”, el aborto “está permitido y no resulta punible” cuando “el embarazo es consecuencia de una violación”. Vale para toda mujer. Es un derecho que se debe interpretar en forma “amplia” y sin distinciones “discriminatorias” que lo limiten a quienes padecen una discapacidad mental. Interrumpir la gestación producto del abuso sexual tampoco requiere ninguna clase de autorización judicial ni trámite burocrático. Así lo estableció la Corte Suprema, finalmente, en un fallo que aclara que ésa es la única interpretación posible del Código Penal y advierte que cualquier otra que intente obstaculizar el acceso al aborto no punible sólo pone a las mujeres en una nueva situación de “violencia”, pero “institucional”. El tribunal exhortó a funcionarios de la Justicia y médicos a dejar de judicializar estos casos, una “práctica” que calificaron tanto de “innecesaria e ilegal” como “cuestionable porque obliga a la víctima del delito a exponer públicamente su vida privada y es también contraproducente porque la demora que apareja pone en riesgo tanto el derecho a la salud de la solicitante como su derecho al acceso a la interrupción del embarazo en condiciones seguras”. La resolución conmina a las autoridades nacionales, provinciales y porteñas a aplicar “normas de alto nivel” y “protocolos hospitalarios” para atender “abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual”.

La sola mención de la palabra “aborto” fue tabú en la Corte años atrás, antes de su renovación en 2003. Si emergía, aparecía teñida de creencias religiosas, valores culturales o principios morales. La misma lógica que ha hecho que durante décadas la respuesta tanto del sistema de salud como de los tribunales haya sido introducir a las embarazadas víctimas de violencia sexual en laberintos judiciales interminables tendientes a agravar sus circunstancias más que a ampararlas. Ahora el alto tribunal decidió despojar el tema de esos condimentos y “fijar una doctrina” que resuelva “cómo interpretar el Código Penal”, explicó ayer el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, al presentar en sociedad el fallo, que pidió despegar de la discusión por la despenalización del aborto en general (ver aparte). La decisión fue unánime en sus resultados generales, aunque dos jueces –Enrique Petracchi y Carmen Argibay– hicieron votos aparte, más acotados.

“Hay una secuencia extendida de casos a lo largo y lo ancho del país que le dan al tema una gravedad institucional que requiere solución”, enfatizó Lorenzetti. La judicialización de los abortos no punibles, dijo ante periodistas, “afecta los derechos de la mujer” y muestra que “el sistema no está funcionando bien”, evaluó. Con este diagnóstico, explicó, la Corte decidió admitir como caso testigo el de A. G., una adolescente de Comodoro Rivadavia que fue violada por su padrastro cuando tenía 15 años. Su mamá optó por llevar el pedido de aborto a la Justicia para que se hiciera en un hospital público de modo de resguardar muestras genéticas que sirvieran para probar la violación. En la Justicia penal, juez y fiscal se declararon incompetentes, el fuero de familia rechazó la petición en primera y segunda instancia y, cuando el embarazo de A. G. ya tenía 20 semanas, la Corte Suprema de Chubut dio vuelta el enfoque y ordenó encuadrar el reclamo como un aborto no punible. Aunque descartó la necesidad de autorización, la firmó para saldar una polémica que se estiraba mientras la joven “presentaba síntomas depresivos” e “ideas suicidas” ante un “embarazo” que avanzaba y era “vivido” por ella como “un evento extraño, invasivo”.

El aborto se hizo el 11 de marzo de 2010. Pero un asesor general subrogante de la provincia recurrió a la Corte invocando “derechos del niño por nacer” y con el argumento de que el aborto sólo podía autorizarse si la víctima era “idiota o demente”, según su interpretación del inciso 2 del artículo 86 del Código Penal, la misma que suelen aplicar muchos de sus colegas y jueces. Para la Corte, la historia de A. G. es “susceptible de repetición”. No importa si el aborto ya se hizo. Por la controversia jurídico-histórica, a otras mujeres les podría pasar lo mismo. “Queremos evitarlo”, dijo Lorenzetti. Además precisó que la Argentina fue observada por organismos internacionales, entre ellos el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Comité por los Derechos del Niño, e intimada a eliminar los escollos que impiden el acceso a abortos no punibles. Omitir el tema puede “comprometer la responsabilidad del Estado Argentino”, admite el fallo.

El voto de la mayoría de los jueces supremos tiene dos ejes:

- Uno define los alcances del inciso 2 del artículo 86 del Código Penal, que fija que no es punible el aborto si el embarazo es producto de una violación “cometida sobre una mujer idiota o demente”. Para la Corte la única distinción que hace la ley es que quien sufre una discapacidad mental necesita que alguien lo represente para consentir la intervención médica. Cualquier otra lectura, dicen los jueces, es una “distinción irrazonable de trato respecto de toda otra víctima de análogo delito” cuando, además, la obligación estatal es proteger a todas las víctimas de la violencia sexual. “La pretensión de exigir a toda otra víctima de un delito sexual llevar a término un embarazo, que es la consecuencia de un ataque contra sus derechos más fundamentales, resulta, a todas luces, desproporcionada y contraria al postulado (...) que impide exigirles a las personas que realicen, en beneficio de otras o de un bien colectivo, sacrificios de envergadura imposible de conmensurar”.

“No es punible toda interrupción del embarazo que sea consecuencia de una violación con independencia de la capacidad mental de su víctima”, despeja la Corte en forma contundente. Para desarticular el planteo del asesor tutelar chubutense, los jueces supremos dicen que ni la Constitución ni los tratados de derechos humanos que suscribe el país –y en que él se basa– prohíben la realización de abortos frente a embarazos producto de una violación sino que, al contrario, impide castigarlos en función de los principios de igualdad, dignidad y legalidad. Tampoco dicen nada del derecho a la vida o los abortos en general. En esa clave amplia dice que hay que leer el artículo 86 (que precisa los permisos para abortar), cuya vigencia y constitucionalidad ratifica.

- El otro eje alude a las consecuencias palpables de la judicialización de abortos no punibles a través de la exigencia de una autorización judicial. “Se sigue manteniendo una práctica contra legem (contra la ley) fomentada por los profesionales de la salud y convalidada por distintos operadores de los poderes judiciales nacionales como provinciales (...) exigiendo allí donde la ley nada reclama requisitos tales como la solicitud de una autorización para practicar la interrupción del embarazo producto de una violación, lo que termina adquiriendo características intolerables a la luz de garantías y principios constitucionales”. En este punto el tribunal cuestiona que queda expuesta “la vida privada” de la víctima y se pone en riesgo el “derecho a la salud” y a un aborto “en condiciones seguras”.

La Corte es taxativa: a una mujer que pide acceder a un aborto en esas circunstancias no se le puede pedir autorización alguna de un juez. Basta con que firme una declaración jurada que consigne ante el médico la situación de abuso, ni siquiera es imprescindible que haga una denuncia penal (ver aparte). De lo contrario la Justicia estaría interponiendo, dice la resolución, “un vallado extra” y “entorpece una concreta situación de emergencia sanitaria”. “Este tribunal –afirma el fallo– se ve en la necesidad de advertir a los profesionales de la salud la imposibilidad de eludir sus responsabilidades profesionales” y “recuerda a los operadores de los distintos poderes judiciales del país que”, según las excepciones del Código Penal, “es la embarazada que solicita la práctica, junto con el profesional de la salud, quien debe decidir llevarla a cabo y no un magistrado a pedido del médico”.

Rige la intervención en las líneas ferroviarias Sarmiento y Mitre

Se oficializó, a través de su publicación en el Boletín Oficial, la intervención por 15 días de las líneas ferroviarias Sarmiento y Mitre, y se designó interventor a Raúl Barido, a los fines de asegurar la continuidad y regularidad del servicio público y garantizar la seguridad de los usuarios.

El Ministerio de Planificación Federal, por Resolución 199/2012 publicada hoy en el Boletín Oficial, dispuso la Intervención Administrativa Técnica - Operativa Temporal del Contrato de Concesión para la Explotación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros de las Líneas General Mitre y Sarmiento y designó interventor a Raúl Jorge Barido.

La intervención es por el término de quince días y a los fines de asegurar la continuidad y regularidad del servicio público y garantizar la seguridad de los usuarios.

Establece que la intervención podrá requerir la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo dependiente de la Secretaría de transporte; de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y las empresas concesionarias Ferrovías S.A. y Metrovías S.A., quienes estarán obligados a asistirla y actuarán en forma unívoca y articulada bajo las directivas que imparta la Secretaría de Transporte.

La intervención cumplirá las funciones de administración de la concesión, en los aspectos técnicos y operativos para garantizar la continuidad, regularidad y seguridad del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros.

Asimismo, tendrá a su cargo la fiscalización y control de todos los actos de administración que puedan afectar la normal prestación del servicio público objeto de la concesión.

Se faculta a la intervención para disponer la realización de las inspecciones, verificaciones y auditorías necesarias para determinar las condiciones de prestación del servicio ante los incumplimientos del Concesionario verificados y sancionados, dotándolo de las más amplias facultades para asegurar el cumplimiento del objeto de la resolución.

Además se convoca, con carácter de urgente, a los titulares de las jurisdicciones locales alcanzadas por la traza de las líneas Sarmiento y Mitre  para asistir con el mayor alcance y precisión tanto a la actuación de la Intervención como al diseño de las medidas complementarias a adoptar para determinar las condiciones de prestación del servicio.

Para ello se notifica a los titulares de los poderes ejecutivos de las jurisdicciones correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno, General Rodríguez, Luján, Mercedes, General Las Heras y Lobos,  todas correspondientes a la ex línea Sarmiento y a los titulares de los poderes ejecutivos de las localidades de General San Martín, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate,  todas correspondientes a la ex línea Mitre.

La resolución fue notificada a Trenes de Buenos Aires S.A., Ferrovías S.A., Metrovías S.A., a la CNRT, a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, a la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

También fue comunicada a todos aquellos sujetos que tengan vinculación contractual con la Concesionaria, en especial, a la Inspección General de Justicia, quienes deberán adoptar los recaudos legales que correspondan en el marco de sus competencias.

La resolución lleva la firma del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y en los considerandos precisa que Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA) es titular de la Concesión para la Explotación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros, correspondiente a los Grupos de Servicios Nros. 1 y 2, Líneas General Mitre y Sarmiento, según el Contrato de Concesión aprobado por el Decreto Nº 730 de fecha 23 de mayo de 1995, modificado por Addenda aprobada por Decreto Nº 104 de fecha 25 enero de 2001.

Agrega que el pasado 22 de febrero del 2012 se produjo un accidente ferroviario, en la Estación Once del Ferrocarril Sarmiento, concesionado a la empresa TBA S.A., que se convirtió en una de las más grandes tragedias ferroviarias argentinas.

Señala que, la investigación sobre el siniestro se encuentra en trámite, por ante el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal Nº 11, a cargo del Juez Claudio Bonadío.

Frente a tales circunstancias y sin afectación alguna del proceso judicial –aclara-, corresponde adoptar medidas preventivas urgentes de carácter cautelar y transitorias, a los efectos de garantizar la seguridad de los pasajeros y resguardar la regular prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros correspondiente a la Línea Sarmiento.

Manifiesta que, la tragedia sucedida el pasado 22 de febrero, no obstante desconocerse aún las causas que la generaron y que tramitan ante la jurisdicción judicial, obliga a tomar medidas, que sin afectar dicho proceso, ni el principio de inocencia propio del derecho penal, garanticen la normal prestación del servicio público de transporte.

A la luz de las actuaciones judiciales existentes a la fecha –agrega-, la adopción de una medida cautelar urgente de intervención administrativa, técnica y operativa en la concesión, en aras de garantizar la seguridad de los usuarios del servicio, debe adoptarse hasta tanto se substancie el proceso penal en trámite.

Destaca en ese sentido que el Ministerio de Planificación Federal,  en su carácter de Autoridad de Aplicación del Contrato de Concesión para la Explotación de dichos servicios,  para asegurar la adecuada prestación del servicio, debe actuar en forma inmediata, ante circunstancias graves y extraordinarias como la presente, y de acuerdo a los tiempos procesales, se estima un plazo suficiente para resolver en definitiva sobre el resultado de la pericia.

Aclara que esta medida cautelar debe ser provisoria y transitoria, por el plazo de 15 días o hasta tanto se substancie el proceso penal por la causa de marras, en trámite, lo que ocurra primero.

Pone de relieve que el Ministerio de Planificación considera necesario atender esta urgencia con la totalidad de recursos disponibles en el ámbito de su jurisdicción.

Por ello, considera conveniente disponer la intervención administrativa, técnica y operativa del mencionado Contrato de Concesión para la Explotación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros.

Dice además que Planificación le ha requerido a la Sindicatura General de la Nación (Sigen), por ser el órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional que de manera independiente de la gestión que tiene a su cargo de fiscalización, vigilancia y control de los recursos públicos y acciones del Estado, nomine al interventor dentro de su equipo técnico de ingenieros especializados en la temática.

Añade que la Sigen ha propuesto se designe al Ingeniero Raúl Barido, profesional de control de amplia trayectoria y probada experiencia y formación para asumir dicha intervención.

Destaca también que en virtud de la gravedad de los hechos que motivan la  medida y la necesidad de dar mayor alcance y precisión a la actuación y al diseño de las políticas complementarias durante este interregno, se invita a participar a la totalidad de jurisdicciones locales involucradas en las trazas de las líneas ferroviarias alcanzadas para que, asistan a la intervención y en su conjunto actúen coadyuvando al mejor aseguramiento de los derechos en juego.

El Gobierno rechazó el "intento británico de militarizar" la cuestión Malvinas y volvió a instar a iniciar negociaciones

La Cancilllería rechazó hoy el intento británico de militarizar el conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas y expresó que el pueblo argentino lamenta la llegada del Príncipe William al territorio como miembro de las fuerzas armadas de su país

El ministerio de Relaciones Exteriores ratificó en un comunicado la necesidad resolver los diferendos mediante “negociaciones bilaterales”, y advirtió que “el Reino Unido es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y su insistencia en rechazar las resoluciones del máximo organismo mundial lo coloca entre los países que, al desoír sus recomendaciones, debilitan el accionar de la diplomacia y aumentan el riesgo de más guerras”.

El texto completo del comunicado difundido hoy por Cancillería es el siguiente:

"Más diplomacia, Menos Armas"

" El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha anunciado la llegada a las Malvinas del Príncipe William y el próximo envío a las islas del HMS Dauntless, el destructor más moderno de la Marina Real.

" Por su parte, el Viceministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Browne declaró que 'la soberanía de las islas no es negociable' y agregó que 'vamos a seguir los pasos necesarios para garantizar su seguridad'.

"La República Argentina rechaza el intento británico de militarizar un conflicto sobre el cual las Naciones Unidas ya se han expedido en numerosas ocasiones y han indicado que ambas naciones deben resolver en negociaciones bilaterales.

"Los gobiernos deben evitar la tentación de incurrir en discursos que transformen el patriotismo en patrioterismo con el objeto de distraer la atención pública de políticas económicas de ajustes en un contexto de crisis estructural y alto desempleo.

"Los organismos internacionales así como los países democráticos debemos trabajar a diario para evitar que los conflictos armados reemplacen a las negociaciones civilizadas para la resolución de conflictos. La Argentina es un miembro activo de las misiones de paz de la ONU. No hay soldados argentinos en ningún conflicto bélico, por el contrario, son reconocidos por su rol como enviados de las Naciones Unidas como herramienta de pacificación.

"El Reino Unido es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y su insistencia en rechazar las resoluciones del máximo organismo mundial lo coloca entre los países que, al desoír sus recomendaciones, debilitan el accionar de la diplomacia y aumentan el riesgo de más guerras.

"El Príncipe William llega a las Islas Malvinas como miembro de las fuerzas armadas de su país. El pueblo argentino lamenta que el heredero real arribe a suelo patrio con el uniforme del conquistador y no con la sabiduría del estadista que trabaja al servicio de la paz y el diálogo entre las Naciones. "

Todo listo para el regreso

Tal como estaba previsto desde un principio, este miércoles, una vez que se cumpla la licencia médica que tomó desde el 4 de enero, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner retomará sus funciones al frente del Poder Ejecutivo, ya repuesta por completo de la intervención quirúrgica a la que fue sometida para extirparle un tumor en la glándula tiroidea. No habrá ceremonias especiales para la ocasión: al igual que cuando le transmitió temporalmente el mando a Amado Boudou, será un mero trámite, en el que ambos firmarán un acta en presencia del escribano mayor de Gobierno para efectivizar el pase de manos. Sí habría una reaparición en público, ese mismo día, en un acto en Casa Rosada, con la presencia del vice y del gabinete nacional en pleno, además de otras figuras relevantes del kirchnerismo. Todavía no se conocen detalles de su agenda pública a partir de ese día. Según comentó ayer el jefe de la bancada del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, CFK se encuentra “muy contenta y con mucha energía para retomar sus funciones”.

Luego de pasar los primeros días del posoperatorio en la Quinta de Olivos, el jueves pasado la Presidenta se trasladó a la Residencia Oficial de Chapadmalal para descansar junto con sus dos hijos, Florencia y Máximo. De todas formas, tal como sucedió desde el primer día tras la operación en el Hospital Austral, la mandataria se mantuvo en permanente contacto telefónico con el vicepresidente Boudou y con los secretarios General de la Presidencia, Oscar Parrilli; de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro. Está previsto que mañana Fernández de Kirchner regrese a Buenos Aires; allí, recibirá al doctor Pedro Saco, quien estuvo a cargo de la intervención quirúrgica, para que el médico le dicte, de no mediar sorpresas, el alta definitiva.

Así, quedará todo formalmente listo para que el miércoles, luego de que venza la licencia médica, la Presidenta reasuma sus funciones. Así lo confirmó ayer Agustín Rossi, quien –si bien aclaró que no tuvo comunicación personal con ella– aseguró que “los que han hablado dijeron que está muy bien, muy contenta y con mucha energía para retomar sus funciones”. Entre los desafíos prioritarios que deberá afrontar una vez que retome su rutina, acotó el legislador, “seguramente” va a “seguir consolidando la fortaleza de la economía argentina en un escenario económico internacional de muchísima volatibilidad”.

Otro de los asuntos que requerirán su atención urgente son las paritarias, que comenzarán en gran parte en los primeros días de febrero, y donde se augura un panorama con más fricciones que en los años anteriores. Aunque oficialmente no se habló de un piso ni de un techo salarial, ya que el margen de maniobra no es el mismo para todos los sectores, en esta ocasión se esperan algunas tensiones, en un marco político complejo debido a la distancia entre la Casa Rosada y la cúpula de la CGT.

La cuestión Malvinas, que creció durante la licencia de CFK y hoy en día ocupa un lugar importante en la agenda política, también la mantendrá ocupada. No hay novedades todavía sobre la fecha definitiva de su viaje a Chile, programado originalmente para esta semana. La Presidenta se comprometió con su par Sebastián Piñera a que será el primer viaje que haga una vez que reasuma. En el temario de la bilateral estarán los vuelos entre Punta Arenas y el archipiélago, además de la situación del ex camarista Otilio Romano, que el año pasado se refugió en Chile antes de ser suspendido como juez y mientras avanzaba la investigación judicial sobre su connivencia con delitos de lesa humanidad.

Negó Schiavi que la Ciudad esté obligada a aumentar la tarifa del subte

El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, afirmó que "de ninguna manera" la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está obligada a aumentar la tarifa del boleto de subte de 1,10 pesos a 2,50, como se concretará mañana.

El funcionario aclaró ayer, en declaraciones radiales, que "la potestad tarifaria la tiene la Ciudad", luego de que se concretara la transferencia del servicio el último martes, al tiempo que celebró el traspaso.

"El gobierno de la ciudad habrán hechos sus análisis. Es un interesante tema para que debata la sociedad", indicó acerca del aumento del 127 por ciento anunciado a 24 horas de concretada la transferencia.

Ante la pregunta de si la Ciudad de Buenos Aires esta condenada a aumentar la tarifa del servico, el secretario de Transporte respondió que "de ninguna manera".

"Recordemos que el Gobierno nacional ha transferido el 50 por ciento de valor del subsidio. Estamos hablando de cifras muy manejables por parte de la Ciudad de Buenos Aires", precisó el funcionario. 

Además, Schiavi recordó que "hasta ayer que manejábamos el subterráneo teníamos una tarifa de 1,10, que es la misma que tenemos para los colectivos y los trenes".

Accidente en el tren

El funcionario también se refirió a las heridas que sufrieron siete pasajeros del ferrocarril General San Martín al caerse del tren en el que viajaban. El accidente ocurrió ayer en la  zona del puente ferroviario  que cruza la calle Roldán, en el barrio de Palermo, a las 18.15, cuando la formación debió desviarse hacia la mano contraria por trabajos de reparación.

"No se puede viajar en los estribos. En esta etapa del año es imperdonable porque uno o dos trenes por día están repletos, con lo cual era cuestión de esperar 20 minutos. Además no es el viaje inverso, que es el horario en el que la gente va a trabajar con lo cual uno puede presuponer que cada persona puede perder un premio  laboral, es el horario de la vuelta a casa", dijo el secretario.

El funcionario aseguró que este tipo de comportamientos "lo vemos con el tren lleno y también lo vemos con el tren vacío, como también en los colectivos que vemos gente con los brazos fuera de las ventanillas".

"Hay algo de nuestro comportamiento y de las pautas de conducta que es necesario cambiar porque sino es muy difícil sostener servicios", afirmó. 

En tanto, Schiavi indicó que "la solución definitiva es que a fin de 2012 el ferrocarril San Martín va a tener formaciones nuevas que tienen puertas cerradas, por lo que la gente no va a poder ir colgada", pero que  "la solución de fondo sería apelar al buen criterio de la gente".

Por último, el secretario dijo: "Recordemos el triste dato de que tenemos un muerto por día en las vías, en su mayoría evitables". 

A partir de 2012, la vacuna contra la neumonía y la meningitis forma parte del calendario vacunatorio

A partir del 1º de enero, todos los niños de un año deberán recibir la vacuna contra el neumococo para evitar las neumonías, meningitis e infecciones generalizadas (sepsis), de manera obligatoria y gratuita.

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De esta manera, la vacuna antineumocóccica conjugada ingresa en el Calendario Nacional de Vacunación 2012.

La vacuna se aplica en tres dosis: a los 2 meses de edad, a los 4 meses y a los 12 meses.

Durante 2012 se implementará exclusivamente la inmunización a los niños de entre 12 y 24 meses con dos dosis de vacuna conjugada para neumococo, con un intervalo mínimo de dos meses entre las dosis.

La bacteria del neumococo afecta mayormente a los niños menores de 2 años y a personas mayores de 65.

Las infecciones invasivas por neumococo en pediatría son una causa importante de morbimortalidad. Además, la mayor incidencia de enfermedad neumocóccica en niños se produce entre los 6 y los 18 meses de vida.

En el país hay 3,5 casos de meningitis cada 100 mil habitantes menores de 5 años y la mortalidad es del 15 por ciento. Si bien es una enfermedad no tan frecuente, la mortalidad es muy alta.