El Ministerio de Planificación Federal, por Resolución 199/2012 publicada hoy en el Boletín Oficial, dispuso la Intervención Administrativa Técnica - Operativa Temporal del Contrato de Concesión para la Explotación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros de las Líneas General Mitre y Sarmiento y designó interventor a Raúl Jorge Barido.
La intervención es por el término de quince días y a los fines de asegurar la continuidad y regularidad del servicio público y garantizar la seguridad de los usuarios.
Establece que la intervención podrá requerir la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo dependiente de la Secretaría de transporte; de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y las empresas concesionarias Ferrovías S.A. y Metrovías S.A., quienes estarán obligados a asistirla y actuarán en forma unívoca y articulada bajo las directivas que imparta la Secretaría de Transporte.
La intervención cumplirá las funciones de administración de la concesión, en los aspectos técnicos y operativos para garantizar la continuidad, regularidad y seguridad del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros.
Asimismo, tendrá a su cargo la fiscalización y control de todos los actos de administración que puedan afectar la normal prestación del servicio público objeto de la concesión.
Se faculta a la intervención para disponer la realización de las inspecciones, verificaciones y auditorías necesarias para determinar las condiciones de prestación del servicio ante los incumplimientos del Concesionario verificados y sancionados, dotándolo de las más amplias facultades para asegurar el cumplimiento del objeto de la resolución.
Además se convoca, con carácter de urgente, a los titulares de las jurisdicciones locales alcanzadas por la traza de las líneas Sarmiento y Mitre para asistir con el mayor alcance y precisión tanto a la actuación de la Intervención como al diseño de las medidas complementarias a adoptar para determinar las condiciones de prestación del servicio.
Para ello se notifica a los titulares de los poderes ejecutivos de las jurisdicciones correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno, General Rodríguez, Luján, Mercedes, General Las Heras y Lobos, todas correspondientes a la ex línea Sarmiento y a los titulares de los poderes ejecutivos de las localidades de General San Martín, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate, todas correspondientes a la ex línea Mitre.
La resolución fue notificada a Trenes de Buenos Aires S.A., Ferrovías S.A., Metrovías S.A., a la CNRT, a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, a la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
También fue comunicada a todos aquellos sujetos que tengan vinculación contractual con la Concesionaria, en especial, a la Inspección General de Justicia, quienes deberán adoptar los recaudos legales que correspondan en el marco de sus competencias.
La resolución lleva la firma del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y en los considerandos precisa que Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA) es titular de la Concesión para la Explotación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros, correspondiente a los Grupos de Servicios Nros. 1 y 2, Líneas General Mitre y Sarmiento, según el Contrato de Concesión aprobado por el Decreto Nº 730 de fecha 23 de mayo de 1995, modificado por Addenda aprobada por Decreto Nº 104 de fecha 25 enero de 2001.
Agrega que el pasado 22 de febrero del 2012 se produjo un accidente ferroviario, en la Estación Once del Ferrocarril Sarmiento, concesionado a la empresa TBA S.A., que se convirtió en una de las más grandes tragedias ferroviarias argentinas.
Señala que, la investigación sobre el siniestro se encuentra en trámite, por ante el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal Nº 11, a cargo del Juez Claudio Bonadío.
Frente a tales circunstancias y sin afectación alguna del proceso judicial –aclara-, corresponde adoptar medidas preventivas urgentes de carácter cautelar y transitorias, a los efectos de garantizar la seguridad de los pasajeros y resguardar la regular prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros correspondiente a la Línea Sarmiento.
Manifiesta que, la tragedia sucedida el pasado 22 de febrero, no obstante desconocerse aún las causas que la generaron y que tramitan ante la jurisdicción judicial, obliga a tomar medidas, que sin afectar dicho proceso, ni el principio de inocencia propio del derecho penal, garanticen la normal prestación del servicio público de transporte.
A la luz de las actuaciones judiciales existentes a la fecha –agrega-, la adopción de una medida cautelar urgente de intervención administrativa, técnica y operativa en la concesión, en aras de garantizar la seguridad de los usuarios del servicio, debe adoptarse hasta tanto se substancie el proceso penal en trámite.
Destaca en ese sentido que el Ministerio de Planificación Federal, en su carácter de Autoridad de Aplicación del Contrato de Concesión para la Explotación de dichos servicios, para asegurar la adecuada prestación del servicio, debe actuar en forma inmediata, ante circunstancias graves y extraordinarias como la presente, y de acuerdo a los tiempos procesales, se estima un plazo suficiente para resolver en definitiva sobre el resultado de la pericia.
Aclara que esta medida cautelar debe ser provisoria y transitoria, por el plazo de 15 días o hasta tanto se substancie el proceso penal por la causa de marras, en trámite, lo que ocurra primero.
Pone de relieve que el Ministerio de Planificación considera necesario atender esta urgencia con la totalidad de recursos disponibles en el ámbito de su jurisdicción.
Por ello, considera conveniente disponer la intervención administrativa, técnica y operativa del mencionado Contrato de Concesión para la Explotación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros.
Dice además que Planificación le ha requerido a la Sindicatura General de la Nación (Sigen), por ser el órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional que de manera independiente de la gestión que tiene a su cargo de fiscalización, vigilancia y control de los recursos públicos y acciones del Estado, nomine al interventor dentro de su equipo técnico de ingenieros especializados en la temática.
Añade que la Sigen ha propuesto se designe al Ingeniero Raúl Barido, profesional de control de amplia trayectoria y probada experiencia y formación para asumir dicha intervención.
Destaca también que en virtud de la gravedad de los hechos que motivan la medida y la necesidad de dar mayor alcance y precisión a la actuación y al diseño de las políticas complementarias durante este interregno, se invita a participar a la totalidad de jurisdicciones locales involucradas en las trazas de las líneas ferroviarias alcanzadas para que, asistan a la intervención y en su conjunto actúen coadyuvando al mejor aseguramiento de los derechos en juego.
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