Artículo escrito por Renato Vannelli
La “inseguridad” es uno de los fenómenos más complejos de nuestra sociedad. A mediados de la década de los ’90 podemos ubicar el momento en que la emergencia de la llamada “crisis de inseguridad” tomó preponderancia como tema de la agenda de demandas ciudadanas, en un contexto político y social ya por todos conocido. Las políticas liberales y de pensamiento único se desarrollaron sobre la base de la más alta concentración de la riqueza de nuestra historia, con consecuencias de empobrecimiento y desempleo masivos.
Este modelo generó una sociedad fragmentada, con sus lazos comunitarios fracturados y sin instituciones intermediarias entre los ciudadanos y los encargados de llevar adelante las políticas públicas, situación que se tradujo en una crisis de legitimidad de la política a fines de 2001.
En el marco de aquella crisis, la ausencia de políticas de seguridad y de política criminal fue pergeñando una sumatoria de medidas efectistas de corto alcance que sólo intentaron operar sobre la “sensación de inseguridad”, valiéndose del recetario más simplista y tradicional: endurecimiento de penas, mayor discrecionalidad de las fuerzas de seguridad, disminución de garantías procesales, aceleramiento para llegar a prisiones preventivas, etc., que delineó, a grandes rasgos, una praxis en materia de seguridad que aumentó el control social selectivo, funcional a los modelos económicos neoliberales de exclusión.
La inseguridad en esos años creció en términos concretos de conflictos y, asimismo, cambió la forma en que dichos conflictos fueron percibidos. La situación en la Ciudad de Buenos Aires presentaba un número significativo de víctimas que se registraban día a día como resultado de los delitos contra la propiedad, en sus distintos grados de violencia contra las personas.
No podemos desconocer que el aprovechamiento oportunista de determinados sectores políticos, cuya intención era mantener encendida la llama del miedo, y un lamentable acompañamiento de los medios masivos de comunicación, generaron una mayor sensación colectiva de alarma y temor a ser víctimas.
Hoy, sin lugar a dudas, podemos afirmar que esta falsa política fracasó.
Dentro de ese panorama, la reciente creación de la Policía Metropolitana (PM) fue respaldada por distintos sectores políticos, pero la impronta y la dinámica que se le dieron en la práctica real en estos dos años da cuenta de un resultado que dista mucho de los fines que impulsaron su nacimiento.
Desde su lanzamiento el año pasado, con la incorporación de efectivos exonerados de la Policía Federal Argentina (PFA), hasta hoy, la PM generó un sinfín de conflictos: cuenta con una cantidad de cesanteados exponencial que demuestra una aberrante política de selección e incorporación de cuadros; se vio comprometida en casos de espionaje a familiares y víctimas de delitos, en represión de protestas y desalojos (tanto de viviendas como de vendedores ambulantes), convirtiéndose así en la mano dura destinada a asegurar las políticas destructoras de lo público, impulsadas por PRO desde la Jefatura de Gobierno porteño.
No se está en contra de que exista una policía local enfocada principalmente en la prevención: un modelo de policía comunitaria capaz de articular relaciones entre los vecinos, de convocar y establecer puentes con otros servicios del Estado en los casos de conflictos que los requieran (asistenciales, sanitarios, de obras públicas, escolares, etc.), una fuerza que funcione como órgano articulador de las agencias estatales que deban intervenir en cada caso, por razón de especialidad.
Sin embargo, con la mera creación de una fuerza policial no alcanza, y mucho menos si se trata de una fuerza policial como la que pretende Macri.
Resulta evidente que apuntar al tema de la seguridad sólo desde las fuerzas represivas y el mayor control excluyente, como lo ha hecho la derecha a lo largo de estos años, no solamente es erróneo, sino que produce mayores efectos de victimización, agravando la problemática.
Por el contrario, en el contexto señalado, el eje de las políticas de seguridad debe estar marcado por una fuerte orientación hacia la prevención, en un marco de profundización de la democracia, mayor inversión en políticas públicas inclusivas, descentralización comunitaria, ampliación en las posibilidades del ejercicio de derechos, construcción de ciudadanía y reconstrucción de lazos sociales a partir de la participación vecinal y comunitaria.
La acción de los vecinos organizados debe promover el desarrollo de estrategias de prevención destinadas a evitar la ocurrencia de los conflictos que afecten a la comuna, ya sea a partir de mejoras urbano-ambientales, así como también encauzando las demandas y los controles de las agencias de seguridad estatales. La participación vecinal de las comunas (todavía sin funcionamiento pleno), adquiere una relevancia fundamental en estos objetivos, dado que desde su organización se pueden reconstruir los lazos solidarios vecinales y, al mismo tiempo, generar una participación directa en las políticas concretas de seguridad en su territorio y en el control de las diversas instituciones públicas encargadas de su ejecución.
Es este camino de participación y compromiso ciudadanos, y la actuación de una fuerza policial democrática orientada a la prevención de conflictos en todo el territorio –y no destinada a formar grupos de espionaje telefónico, de represión de protestas callejeras y de desalojos–, el que nos llevará a una ciudad más segura, inclusiva y habitable para todos los porteños.
*Renato Vannelli, integrante Grupo Maure y de AJuS (Abogados por la Justicia Social).
Publicado en Buenos Aires Económico el 03-08-2010
