La ministra de Seguridad, Nilda Garré, dispuso la creación del Sistema Integrado de Información Criminal del Delito de Trata de Personas (SisTrata), por Resolución 848/2011, publicada hoy en el Boletín Oficial, en la que destaca que es una política del estado nacional la prevención de esta problemática.
Precisa que el Sistema será administrado por el área de Política Criminal del Ministerio y estará conformado con bases de datos consolidadas de manera sistemática y uniforme, que contendrán información cuantitativa y cualitativa que deberá recabarse por parte de la Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria, ante la posible comisión del delito de trata de personas y los ilícitos conexos.
Pone de relieve que es una política de Estado la protección de sus víctimas y la persecución de los autores de la Trata y destaca que a fin de cumplir con las obligaciones legales asumidas se requiere de herramientas idóneas para responder a las crecientes demandas de nuestra sociedad que reclama por mejores políticas coordinadas.
Para ello –dice- se necesita un abordaje integral que revise y estudie las estrategias adoptadas por las fuerzas de seguridad y policiales en lo que respecta a la delincuencia organizada desde una perspectiva interdisciplinaria que posibilite la elaboración de nuevas políticas criminales.
A estos fines, agrega, se torna imperioso realizar un giro en la política de persecución de este tipo de hechos, jerarquizando el lugar que ocupa la información criminal, no sólo para conocer en profundidad las tendencias y mutaciones de la Trata de personas en nuestro país sino, además, para contar con insumos útiles para la elaboración de diagnósticos calificados que favorezcan la toma de decisiones estratégicas.
Señala que la ausencia de datos de calidad y la diversidad de criterios en materia de recolección de información dificulta enormemente conocer en profundidad este fenómeno. Esa carencia, agrega, puede tornar inoficiosos, o al menos incompletos, los esfuerzos por coordinar medidas tanto preventivas como investigativas.
Pone de relieve que el delito de Trata de personas debe ser investigado como un delito en etapas, constituido por las etapas de captación, traslado y recepción para la explotación, para cuyo desarrollo es necesario cuanto menos un mínimo de organización y estructura operativa, con lugares comunes de captación, pasos comunes de tránsito y geografías comunes de explotación. Explica que detrás de estos denominadores comunes, además, se suelen hallar personas, domicilios y teléfonos que se reiteran.
Pone de relieve que resulta necesario para el completo abordaje de esta problemática el desarrollo de políticas públicas interagenciales que se cimienten en información sistematizada bajo criterios uniformes. Por ello se torna imperioso, para combatir eficazmente el delito de trata de personas, coordinar el trabajo de las fuerzas de seguridad y policiales, lo cual incluye la unificación de criterios para la recolección de la información originada en la actuación de dichas fuerzas en el ámbito de la lucha contra esta problemática.
Precisa que el Sistema será administrado por el área de Política Criminal del Ministerio y estará conformado con bases de datos consolidadas de manera sistemática y uniforme, que contendrán información cuantitativa y cualitativa que deberá recabarse por parte de la Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria, ante la posible comisión del delito de trata de personas y los ilícitos conexos.
Pone de relieve que es una política de Estado la protección de sus víctimas y la persecución de los autores de la Trata y destaca que a fin de cumplir con las obligaciones legales asumidas se requiere de herramientas idóneas para responder a las crecientes demandas de nuestra sociedad que reclama por mejores políticas coordinadas.
Para ello –dice- se necesita un abordaje integral que revise y estudie las estrategias adoptadas por las fuerzas de seguridad y policiales en lo que respecta a la delincuencia organizada desde una perspectiva interdisciplinaria que posibilite la elaboración de nuevas políticas criminales.
A estos fines, agrega, se torna imperioso realizar un giro en la política de persecución de este tipo de hechos, jerarquizando el lugar que ocupa la información criminal, no sólo para conocer en profundidad las tendencias y mutaciones de la Trata de personas en nuestro país sino, además, para contar con insumos útiles para la elaboración de diagnósticos calificados que favorezcan la toma de decisiones estratégicas.
Señala que la ausencia de datos de calidad y la diversidad de criterios en materia de recolección de información dificulta enormemente conocer en profundidad este fenómeno. Esa carencia, agrega, puede tornar inoficiosos, o al menos incompletos, los esfuerzos por coordinar medidas tanto preventivas como investigativas.
Pone de relieve que el delito de Trata de personas debe ser investigado como un delito en etapas, constituido por las etapas de captación, traslado y recepción para la explotación, para cuyo desarrollo es necesario cuanto menos un mínimo de organización y estructura operativa, con lugares comunes de captación, pasos comunes de tránsito y geografías comunes de explotación. Explica que detrás de estos denominadores comunes, además, se suelen hallar personas, domicilios y teléfonos que se reiteran.
Pone de relieve que resulta necesario para el completo abordaje de esta problemática el desarrollo de políticas públicas interagenciales que se cimienten en información sistematizada bajo criterios uniformes. Por ello se torna imperioso, para combatir eficazmente el delito de trata de personas, coordinar el trabajo de las fuerzas de seguridad y policiales, lo cual incluye la unificación de criterios para la recolección de la información originada en la actuación de dichas fuerzas en el ámbito de la lucha contra esta problemática.
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