Para manejar desde el sistema de salud los fondos asignados por el Presupuesto, para garantizar la planta de personal, el equipamiento, los insumos, el abastecimiento y las obras necesarias.
El Presupuesto de la CABA cumple, entre otras, la función primordial de asignar los recursos disponibles en relación a las decisiones políticas. El sistema de salud, en este caso el Ministerio de Salud, tiene necesidades operativas que deben ser satisfechas mediante la utilización de insumos, es decir bienes y servicios que deben ser adquiridos. El Estado recauda recursos financieros y una parte de ellos es asignada al Sistema de Salud para la compra de esos insumos.
Independientemente de este planteo básico, cuando se analizan los recursos asignados presupuestariamente en los últimos años, encontramos que el Ministerio de Salud porteño ha ido perdiendo participación relativa en el total de los recursos presupuestarios.
Por ejemplo, tomando en cuenta los dos últimos presupuestos de la gestión PRO en la CABA (2009 y 2010), se comprueba que si bien se registró un incremento en el total asignado al Ministerio de Salud del 15,3 % (3.374.832.119$ en 2009 vs. 3.892.738.705 $ en 2010) el mayor incremento porcentual se produjo en el Inciso 1 (Gastos en Personal), que pasó de representar el 65,8 % en 2009 al 71,6 % en 2010; mientras que el imprescindible Inciso 2 (Bienes de Consumo) prácticamente no se actualizó de un año a otro (9,5 % en 2009 y 9,8 % en 2010) y si hubo una drástica reducción cercana al 50 % en el crítico y fundamental Inciso 4 (Bienes de Uso) que pasó de ser el 10,6 % en 2009 a sólo representar el 5,2 % en 2010. Esto implica un recorte profundo en los bienes de uso diario y de equipamiento, mantenimiento y reequipamiento hospitalario.
Lo anteriormente mencionado comprueba la desjerarquización del Ministerio de Salud en cuanto a la asignación de los recursos. Esta situación no debe hacer perder de vista el hecho de que se está hablando de casi 4.000 millones de pesos, una cifra muy importante que debe ser utilizada de la mejor forma posible.
Se utilizan varias palabras, tales como eficiencia, eficacia, transparencia, que en definitiva se refieren a lo mismo: no deben malgastarse los recursos, y es responsabilidad de los funcionarios lograr la mejor utilización posible de los mismos. Entonces nos situamos frente a otro tema que consideramos de importancia capital: las trabas para gestionar con agilidad. Por lo tanto, nuestra propuesta contempla como un punto fundamental la jerarquización de la función del Ministerio, para lo cual es necesario suprimir las trabas administrativo-burocráticas para gestionar con agilidad.
Proponemos permitir que el Ministerio de Salud pueda decida sobre la utilización de los recursos que le han sido asignados, sin la intervención y/o autorización previa de funcionarios o de oficinas externas a su propio Ministerio. Por ejemplo, que decida sobre las compensaciones entre las partidas presupuestarias de su Ministerio. Por supuesto que es responsabilidad del Ministro cumplir con las restricciones que la Ley impone, pero es necesario que lo haga sin la interferencia de funcionarios externos a su propio Ministerio. Esto implica revisar y modificar las atribuciones de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, de la Oficina de Gestión Pública (OGEPU) y de la Oficina de Inversión Pública y Planeamiento (OIP), que actualmente constituyen los grandes centralizadores en la toma de decisiones.
Proponemos permitir que el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), o cualquier otro que lo reemplace, funcione mediante módulos independientes en cada Ministerio, con sus propios sistemas de equipamiento y que la interconexión con un sistema central sea al solo efecto de la transferencia de información. Que no exista un poder central, tal como existe hoy, que permite paralizar el funcionamiento administrativo de los Ministerios con sólo apretar un botón.
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